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lundi 3 mars 2014

Cuba puede soportar fin de la ayuda venezolana

El Universal / Cuba ha sabido sortear los temblores de sus crisis financieras, y aunque la asistencia de Venezuela fue vital para la supervivencia de la revolución castrista en la última década, a estas alturas la isla podría soportar un "shock" de las ayudas e inversiones venezolanas, sin descartar que una crisis política sea más peligrosa. 

La dependencia cubana de la Unión Soviética (URSS) para 1980 representó 39,30% de su PIB, mientras que de Venezuela llegó en 2012 al 18,3%, es decir, que sortear una eventual crisis sería menos difícil que tras lo vivido con el colapso del bloque socialista en 1990, revela una investigación del Cuba Study Group, un centro de análisis con sede en EEUU.

Más que torear los cataclismos financieros, el mayor reto del Gobierno de Raúl Castro sería el manejo político y social dentro en la isla ante un eventual recorte de las inversiones y negocios con Venezuela, tomando en cuenta un escenario similar de represión y control que vivió Cuba hace 24 años. 

En la actualidad el comercio de bienes con Venezuela representa 40% del intercambio total de la isla, muy por encima del segundo lugar que ocupa China con 12,5%, explicaba el economista cubano Pavel Vidal, autor del estudio que presenta varios escenarios macroeconómicos para sostener su tesis. 

Las proyecciones partieron de 2013, imaginando que con la muerte del presidente Hugo Chávez podría recortarse la asistencia a la isla, que depende de la venta de petróleo subsidiado, la importación de servicio profesionales cubanos, medicinas y otros bienes. 

De haber ocurrido este escenario, Cuba habría entrado en 2014 en recesión y no habría salido hasta 2018, siendo 2015 el año más dificultoso para la burocracia de la isla.

"En los cuatro años de crecimiento negativo se acumularía una caída de 4% del PIB", explicaba Vidal, que trabajó en el Banco Central de Cuba entre 1999 y 2006 y hasta 2012 en la Universidad de La Habana.

En otro de los casos, de ocurrir una caída más brusca de los vínculos, la recesión sería más profunda, pues de ocurrir al estilo de la URSS el resultado sería una contracción de cerca de 7,7% en el PIB, con sus cuatro años en recesión.

En ambos casos se trataría de un decrecimiento mucho mejor que lo visto tras el fin de la URSS, donde se acumuló −35% entre 1990−1993, tomando en cuenta que los rusos vendían productos subsidiados, hacía millonarias donaciones y préstamos flexibilizados.

La Habana y Caracas mantienen un importante flujo comercial de cual apenas se conocen escasos datos, el más significativo el hecho de que la isla consume $1.5 millardos (70%) de los fondos de ayuda del Banco de Desarrollo de Venezuela. 

Las proyecciones evidencian que la mayor vulnerabilidad a mediano plazo sería la pérdida de inversiones que hasta 2018 alcanzaría 25%, tomando en cuenta los proyectos de empresas estatales y el Gobierno. 

En segundo lugar, los términos de intercambio, que caerían 20% hasta 2018, lo cual se expresaría principalmente en el aumento de los precios de importación de petróleo y reducción de las exportaciones de servicios profesionales al país.

Venezuela despacha 80 mil barriles diarios de crudo y derivados al país antillano. 

En todo caso, ambos países firmaron en febrero pasado 56 acuerdos en áreas de interés como salud, educación y cooperación militar, con lo que Cuba busca garantizar ganancias. 

Flotando en un mar de capitalismo, Cuba viene diversificando su comercio exterior enfocándose en negocios con Brasil, China y Rusia, un sostén financiero que podría mantener a la isla a flote, pues Raúl y Fidel Castro saben que nada es eterno, y menos en economía. 

mercredi 1 janvier 2014

¿Quo vadis, Cuba?

Por JOSÉ ANTONIO ALONSO y PAVEL VIDAL ALEJANDRO

de Espacio Laical

Los objetivos de la reforma

Han transcurrido cinco años desde que Raúl Castro asumiera la presidencia en sustitución de su hermano Fidel. En este período se ha puesto en marcha un proceso de reforma estructural del modelo económico cubano que conlleva transformaciones en la esfera política e innumerables retos desde el punto de vista institucional. A la par, la política fiscal ha tenido que ocuparse de los desequilibrios heredados y agudizados por la crisis internacional, al mismo tiempo que se libra una batalla contra la corrupción. Muchas son las expectativas que se han formado dentro y fuera de Cuba con las nuevas acciones y propuestas del gobierno cubano. Aún quedan muchas incertidumbres sobre el futuro de la reforma pero parece quedar clara una tendencia de graduales, pero continuas trasformaciones que están moviendo el sistema hacia lugares desconocidos para la mayoría de los cubanos nacidos después del triunfo de la revolución.

El más renovador de los cambios ha sido la expansión de la empresa privada y las cooperativas. La proyección oficial es que para el año 2016 el 40 por ciento del empleo se genere fuera de las empresas estatales. Para ello, desde 2010 se comenzaron a emitir nuevas licencias para los trabajadores por cuenta propia que ahora pueden también ser microempresarios e incluso llegar a convertirse en pequeñas empresas privadas, pues por primera vez desde los años 60 tiene autorización para contratar fuerza de trabajo. También se les ha permitido comercializar bienes y servicios a entidades estatales y tener acceso al crédito bancario, entre otras flexibilizaciones.

Al cierre de 2011 se contabilizó que el 22,7 por ciento del empleo ya no se generaba en las empre sas y organizaciones estatales. Los cuentapropistas y microempresarios generaron ese año 244100 puestos de trabajo, destacándose las actividades de restaurantes y cafeterías, servicios de taxi, el comercio minorista y el arrendamiento de casas y apartamentos; esta última actividad representa ya el 15 por ciento de la oferta habitacional disponible para el turismo internacional. La intención expresa del gobierno es continuar liberalizando el trabajo por cuenta propia y la microempresa. En 2012 se anunció la decisión de arrendar a los privados todos los establecimientos estatales gastronómicos que actualmente operan con menos de cinco trabajadores. También se hizo público el propósito de incrementar la lista de 182 actividades autorizadas y permitir que la comercialización mayorista pueda realizarse desde el sector privado. La limitación que todavía persiste, y sobre la cual no se han anunciado modificaciones, es la exclusión de la lista de actividades permitidas de aquellos servicios de mayor valor agregado, vinculados a actividades profesionales, de manera que siguen excluidos de esta posibilidad los graduados universitarios.

Para llegar a un 40 % del empleo en la empresa privada y cooperativa, tal como las autoridades han sugerido, el gobierno ha impulsado la desestatización de la agricultura. Desde 2008 comenzó la entrega de tierras ociosas a productores agrícolas individuales y cooperativas en la forma de usufructo por 10 y 25 años, respectivamente, con la opción de renovación del contrato finalizado el período. En 2012 se instrumentaron nuevas flexibilizaciones, como la elevación del máximo de tierra por productor de 40 a 67 hectáreas, facilidades para la obtención de insumos y la posibilidad de construir viviendas e in fraestructura en las tierras entregadas, entre otras. Asimismo se anunció una transformación radical en el funcionamiento de las Unidades Básicas de Pro ducción Agropecuaria (UBPC), que es el tipo de cooperativa que cuenta con las mayores extensiones de tierra para actividades agropecuarias. Previamente, se había abierto por primera vez un canal para que las cooperativas agrícolas pudieran venderle directa mente a los hoteles. Al igual que en el caso del trabajo por cuenta propia y la microempresa, se están dando pasos significativos, pero ello ocurre de manera muy gradual y manteniéndose restricciones que, a su vez, impiden que las medidas tomadas ofrezcan todos los resultados esperados. Ello es más patente en la agricultura, rama por donde comenzó el proceso de reforma, pero que ha dado lugar a resultados más bien magros.

Dentro de los cambios relacionados con la propiedad de las empresas, se encuentra la pretensión de extender las cooperativas hacia actividades no agropecuarias. Se espera que una parte de las pequeñas y medianas empresas estatales en la esfera de los servicios y la pequeña industria, cambien su sistema de propiedad y dirección al formato de cooperativa. A principio de 2013 se notificó la aprobación del primer grupo de 126 cooperativas no agropecuarias que comenzarán a operar próximamente en la organización de los mercados agropecuarios, en los servicios de transporte de pasajeros, en el reciclaje de desechos y en determinadas actividades de la construcción.



El resto de este análisis en Espacio Laical