La chocante muerte de la niña de 12 años en Bayamo, por ejemplo, no tuvo cobertura alguna en los medios de prensa nacionales y sólo breves reportes en los medios provinciales anunciando las condenas impuestas a los tres italianos y a diez cubanos.
Cuba, además, encarceló al periodista español Sebastián Martínez Ferraté por 18 meses cuando regresó a La Habana después del estreno en el 2008 de su documental para la televisión “Cuba: Prostitución infantil”.
El documental reportó que él encontró fácilmente a 15 prostitutas de menos de 16 años en La Habana. Mostró a cuatro de ellas, suministradas por un chulo de 16 años, hablando francamente sobre su trabajo sexual y nadando sin ajustadores en una piscina.
Martínez dijo que había sido convicto de incitar a la prostitución infantil debido al “contraste entre lo que dice Fidel, que en Cuba no hay verdadera prostitución, y la realidad, porque todo el mundo sabe que Cuba es un burdel”.
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La detective Kim Gross, quien dirige la unidad de crímenes sexuales de la policía de Toronto, ha estado investigando el caso de James McTurk, de 78 años, convicto dos veces de explotar a niñas cubanas.
A partir de fotos se estima que una de sus víctimas tenía cuatro años de edad.
Gross dice que la policía de Toronto quiere ayudar a las víctimas de McTurk. En Canadá, las autoridades pueden asegurar que la explotación de un menor deje de ocurrir y que las víctimas reciben consejería y otros servicios sociales, señala.
Pero el sistema político de Cuba hace casi imposible cooperar con la policía u otras autoridades sin causar temores de posibles represalias contra las familias o incluso las mismas víctimas, añadió.
“Yo no puedo ayudarlas cuando estoy aquí”, dijo Gross. “Tenemos que encontrar a un grupo sin ánimo de lucro que haga labor allí y que esté familiarizado con esos problemas para llevarles la ayuda que necesitan. No estoy convencida de que la recibirán a través de la policía”.
Cuba no permite en la isla organizaciones no gubernamentales que lidien con la prostitución de menores, pero los despachos de diplomáticos estadounidenses mencionan varios ministerios y organizaciones que, al menos sobre el papel, deberían ocuparse del asunto.
El Ministerio del Interior, el cual incluye la policía y los guardafronteras, dirige los casos criminales, mientras que el Partido Comunista, la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas y los Comités de Defensa de la Revolución pueden proveer varios tipos de apoyo.
El Ministerio de Salud Pública dirige al menos tres centros de tratamiento del abuso sexual “que supuestamente brindan cuidados y consejería altamente especializados a las víctimas de abuso sexual infantil... algunas de las cuales podrían ser víctimas del trafico sexual”, según uno de los cables diplomáticos.
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Por el Malecón de La Habana, una linda muchacha que dijo llamarse Chachi y tener 22 años de edad, pero que parece mucho más joven, dice “¡Hola!” y hace señas a dos hombres extranjeros que andan caminando una noche.
Nacida y criada en una provincia vecina, ella estudió dos años en la universidad para hacerse veterinaria. Hace cuatro años, quedó embarazada. Y ahora alquila un apartamento en La Habana mensualmente.
“Yo cocino, lavo los platos, limpio la casa, yo hago todo lo que ustedes quieran”, dice a los extranjeros. Lo mismo que Michael el canadiense y otras personas entrevistadas para esta historia, Chachi no dio su apellido.
Después de una hora y de compartir una cerveza, ella se abre con relación a por qué trabaja en la calle.
“Él es bello”, dice de su hijo de tres años, con lágrimas en los ojos. “Yo hago esto por él. Yo hago dinero con los turistas para podérselo mandar a él y a mi mamá”.
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