Luis Fernando García Egea / Sociólogo, 15/04/2013. Estrella digital
Si en algún tema coinciden hoy muchos analistas políticos, es en el del agotamiento y la caducidad en el que ha entrado la vigente vía autonómica de organización territorial del Estado. Así, pareciera ser que han sido los nacionalistas los que han llevado el asunto del encaje de Cataluña en España a la primera página de la agenda política, cuando hemos sido los federalistas de diferente signo quienes, desde el origen moderno de la controversia política e intelectual, siempre hemos planteado la cuestión desde una óptica sistémica abierta, dinámica, sujeta siempre a reforma y evolución en función del siempre variable contexto histórico y social.
Ha sido precisamente este contexto, fuertemente mediatizado por la crisis económica, el que nos sitúa en un escenario de revisión. Y es ante el desafío nacionalista que esconde bajo laestelada el mayor fracaso político, económico, social y nacional que Cataluña haya sufrido nunca, que los federalistas hemos de defender nuestros posicionamientos de una forma clara, contundente y, sobretodo, entendible. Una posición alternativa a la propuesta irresponsable de quienes no han sido capaces siquiera de agotar la mitad de un mandato dominado por una economía fallida, un paro sangrante, una deuda calificada como basura y una división social que amenaza la tradicional cohesión y pax catalana. Un mandato en el que el Estado del bienestar ha sufrido uno de los mayores ataques conocidos desde el flanco ultraliberal y en el que la sufrida ciudadanía ha servido de banco de pruebas experimental de todas y cada una de las medidas que después el hermano mayor se ha dedicado a implementar para el conjunto de los españoles. Una dinámica involutiva y regresiva letal para los servicios públicos, que ha socializado el sufrimiento privatizando los beneficios y laminando cualquier atisbo de instrumento al servicio de la equidad y la cohesión. A todo ello cabe sumar la modulación (Cifuentes dixit) de muchos derechos sociales y laborales, de conquistas sociales ganadas mediante el pulso de la lucha durante años por parte de generaciones enteras de trabajadoras y trabajadores de esta tierra que dicen defender. Porque es probable que la tierra si haya sido defendida, pero la mayoría de las personas que convivimos en ella y la pisamos a diario hemos sido totalmente abandonadas y agredidas.
Llegamos a este punto teniendo muy claro que nadie puede distraernos del objetivo fundamental: la priorización de la agenda social. Que no podemos huir del debate soberanista sin platear también las cosas de forma bien nítida. Federalismo no es independentismo. La opción federal defiende la convocatoria en Cataluña de un referéndum legal, es decir, desarrollado en el marco de la Constitución, en el que se formulen preguntes claras, convocado después de un intenso proceso de información, debate y reflexión colectiva. Donde se pongan encima de la mesa todas las posibles opciones y modelos organizacionales y de relación entre las partes y no se articule sólo en términos plebiscitarios sobre la idoneidad de la opción independentista. En definitiva, una consulta sin trampas ni cartón.
Nuestra apuesta debe ir encaminada a plantear una evolución desde el Estado autonómico al federal. En muchos aspectos, es éste un debate puramente nominalista y semántico situado en el ámbito de lo simbólico. Se corre el riesgo de que la fuerza semiótica de las palabras y los conceptos oculten el contenido político de la propuesta. Pero la política, como decía Rafael Campalans, es pedagogía y obligados estamos a explicar, comunicar y difundir. Por ejemplo, la palabra ‘federal’ en 1978 todavía resultaba atrevida dado el clima involutivo dominante en los medios de la derecha y la casta militar.
Pero hay aspectos formales y también de fondo que, con matices, nos han de ayudar a definir el proyecto federal desde una visión posibilista, realista y políticamente viable.
Y por eso necesitamos en Cataluña de la complicidad y el concurso de los federalistas del resto de España, que a mi modesto entender son muchos más de los que creemos o nos hacen creer que son. Una alianza estratégica y un apoyo por una parte meramente instrumental (la previa reforma constitucional necesita del pacto y el acuerdo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE) y, por otra, consustancial a la relación que debe dominar entre dos formaciones socialistas como son el PSC y el PSOE que comparten historia y una visión y un concepto de España, un proyecto político y un trayecto compartido jalonado de principios y valores comunes.
Pero, ¿de qué federalismo estamos hablando?.
El nuestro debe ser un federalismo fruto del pacto y el acuerdo, del consenso, de la libre voluntad popular democráticamente expresada. La palabra federalismo proviene defoedus, en latín pacto o convenio. Siendo entonces fieles al sentido profundo de su origen etimológico, se trata de un federalismo legítimo y legitimado, con vocación de diálogo y voluntad de unir en libertad y desde la pluralidad a pueblos y gentes diversos, de trabajar por las personas y la cohesión social, la igualdad entre los territorios y entre las ciudadanas y ciudadanos que en ellos convivimos. Un federalismo integrador, inclusivo, simétrico en lo relacional y cooperativo en lo institucional. Instrumentalmente activo en lo referido a la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, que consolide mecanismos que garanticen tanto la solidaridad interterritorial y personal como la igualdad de derechos y el acceso a los servicios y las prestaciones públicas en igualdad de condiciones por parte de todas las personas con independencia de su lugar de residencia. Un federalismo situado entre las pulsiones centrípetas y recentralizadoras del rancio nacionalismo español de corte jacobino conservador y las centrífugas propias del nacionalismo catalán en sus versiones burguesa y cristiana (CiU), o la más retórico-discursiva (que no práctica) de los alumnos aventajados que juegan a las dos cartas, a ser gobierno y oposición a la vez (ERC). Un federalismo que no pretenda esconder los intereses y conflictos de clase bajo el disfraz de la tensión nacional no resuelta. Un federalismo que se proyecta también en el marco de unos Estados Unidos de Europa de estructura también auténticamente federal.
Urge una improrrogable reforma del Senado para que se reconstituya como una auténtica cámara de representación territorial. Porque si a nivel competencial la verdad es que nuestro Estado autonómico supera en muchos casos la realidad de algunos länders alemanes, por poner un ejemplo, todavía quedarían algunos matices pendientes en los que se haría necesario profundizar. Estamos hablando de aspectos tales como la fiscalidad, la residencia de la/s soberanía/s, los contenidos de los diferentes textos constitucionales de los estados federados, la naturaleza de los poderes constituyentes y los sujetos políticos o los poderes judiciales de las nacionalidades.
Este proceso de evolución hacia el Estado federal necesita de una preceptiva y amplia reforma constitucional que, llegado el caso, podría superar los límites de la organización territorial reflejada en el Título VIII para adentrarse también en la revisión y abordaje de la reforma del artículo 1.3 en el sentido de caminar hacia la república como forma del nuevo y refundado estado federal español (o ibérico si se contemplara también la voluntaria incorporación a la nueva estructura de los estados portugués y andorrano).
Porque creo, sinceramente, que continua siendo válida y vigente una composición simétrica de estados donde no quepan los pretendidos hechos diferenciales de base étnica, histórica o identitaria para, superando la artificiosa distinción entre nacionalidades y regiones, construir un marco de igualdad conceptual (que se traslade del imaginario colectivo al ejercicio práctico de la política cotidiana) donde la denominación de estado miembro sustituya a las anteriormente citadas.
Una reforma constitucional de estas dimensiones supone una revisión en profundidad procedimental y formalmente vehiculada mediante la aplicación del artículo 168 de la propia Constitución. Nos encontraríamos ante la renovación de un gran pacto social y generacional reconstituyente, similar al producido en 1978 pero afortunadamente de una génesis muy diferente, provocado por la natural evolución de los sistemas políticos y de convivencia en el marco de una sociedad dinámica y cambiante, estructural y democráticamente adaptable a las nuevas necesidades organizativas e institucionales.
Porque el federalismo formula una combinación entre autonomía y gobierno compartido en la organización de poder político y concilia la unidad en la diversidad a través del pacto. Este es el espíritu con el que las gentes de izquierda debemos abordar este debate. Un debate necesario pero no único. Una batalla que se libra entre las emociones y los sentimientos que despierta la opción independentista y la más compleja y difícil de explicar, por racional, que supone la opción federalista. Pero creo firmemente que es el futuro, la que mejor puede solucionar el encaje pendiente de las diferentes personalidades , identidades y realidades territoriales de esta España en Europa que queremos construir juntos desde la voluntad de unidad en lo diverso y la pluralidad políticamente reflejada y reconocida.
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