OPINIÓN Sábado, 31 de agosto de 2013 | 14:12 Ramón de Veciana
Transcurridos 30 años desde la promulgación de la Constitución, puede hacerse un balance con perspectiva y en profundidad de los logros y de los fracasos de este proyecto político constitucional.
Es evidente que España durante estos años ha prosperado mucho, y parte importante de ese éxito se debe al diseño constitucional pensado para ese delicado momento político de salida de una dictadura y de consolidación de una democracia europea moderna.
Pero ese diseño político da muestras graves de agotamiento que, de no remediarse con celeridad, puede dar lugar al colapso de todo el sistema constitucional, con consecuencias imprevisibles. Basta abrir los periódicos para comprobar, a diario, este fracaso institucional. El prestigio de la Corona (Título II), el funcionamiento de las Cortes Generales y la representación política de los ciudadanos (Título III) y el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (Títulos VI y IX) ha entrado en una caída en barrena, impensable hace sólo unos años.
Es urgente, pues, que se hagan las necesarias reformas constitucionales y legales que garanticen la total independencia del Consejo General del Poder Judicial, de los Tribunales Supremo y Constitucional, así como una reforma de la Ley Electoral que responda a una mayor y mejor representatividad de los ciudadanos; una reforma de la Corona que le otorgue la prestancia y dignidad perdida durante los últimos tiempos; y una auténtica Ley de Transparencia que garantice la exigencia de responsabilidad de todos ellos.
Pero el fracaso más evidente es del Título VIII, de la organización territorial, que se redactó por los constituyentes con el benévolo propósito de implicar a los nacionalismos vasco y catalán en la construcción política de España y de que, a su vez, la descentralización política cohesionase económica y socialmente todas las regiones españolas.
Lo cierto es que los resultados obtenidos, al cabo de tres decenios, son los contrarios a los previstos. En este momento, y a la vista está, el nacionalismo catalán y vasco están socavando la estabilidad de España con una deriva independentista creciente, amparada por el acomplejamiento de PP y PSOE; y, por otra parte, PSOE y PP, como partidos de ámbito nacional, han descubierto que el nacionalismo de cualquier índole (andaluz, gallego, valenciano, extremeño, etc…) es fuente de poder omnímodo, bastando con recurrir a la exaltación del sentimiento localista.
Pero, además, la inexistencia del diseño de un modelo territorial cerrado ha tenido como consecuencia la indeseable coexistencia de varios modelos territoriales contradictorios -de corte confederal, federal y unitario- cuya dinámica ha sido perversa: el constante chantaje político de los nacionalismos catalán y vasco para obtener constantes privilegios, la elefantización del Estado con la duplicidad de gastos y un despilfarro de recursos públicos sin exigencia de responsabilidad alguna, la desigualdad de derechos de los españoles en función del lugar donde viven y la creación de unos auténticos biotopos autonómicos de carácter clientelar.
Por eso, ahora es el momento de hacer propuestas que permitan superar urgentemente esta crisis institucional y política; y, en este sentido, no cabe duda que deben ser propuestas valientes y rotundas, sin complejos y formuladas desde la perspectiva del fomento del bien común de la nación.
Debe reformarse la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre el Estado y CCAA e ir hacia la construcción de un modelo federal cooperativo, donde el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general y la cohesión social de todos los españoles y de su derecho a la igualdad y a la libertad, como son la justicia, la educación, la sanidad, el medio ambiente y el urbanismo, entre otros.
Por lo tanto, y como primera prevención, debe suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por pretender la existencia de derechos históricos que justifiquen privilegios de una parte de España.
Correlativamente, debe reformarse el Senado para que sea una verdadera cámara de representación territorial, de composición mixta de elección directa y por los parlamentos autonómicos, dejando que en el Congreso se debatan los intereses generales de ámbito nacional.
El modelo federal europeo es el modelo territorial que ha dotado a los países más prósperos de nuestro entorno más inmediato, como es el caso de Alemania y Austria, de estabilidad política, además de alcanzar de forma ordenada la igualdad de todos los ciudadanos.
No es casual la campaña de desprestigio que los nacionalistas, en plena deriva independentista del catalanismo político, están realizando de forma inmisericorde hacia las propuestas federales de España.
Con un estado federal, se acabaría de una vez por todas el obstruccionismo y mala fe nacionalistas al quedar los gobiernos regionales sometidos a un estricto juego de normas constitucionales que les impediría chantajear al Estado para la obtención constante de nuevos privilegios, poniendo fin al pernicioso principio dispositivo de competencias. Y, también, se desacreditarían los falsos agravios esgrimidos por los independentistas, pues, nadie (cuerdo) en la Unión Europea tacharía a un sistema federal de organización del estado, como al alemán o austríaco, de ser contrario a los principios de libertad, democracia e igualdad que la inspiran.
En este sentido, existe una sola fuerza política de carácter nacional que desde su fundación ha hecho frente con valentía a todo tipo de nacionalismo, del violento al supremacista, y que ha exigido sin ningún tipo de acomplejamiento abrir el melón de la reforma constitucional que garantice mayor libertad e igualdad de todos los españoles, con independencia de donde vivan y cómo piensen. Y esta fuerza, UPyD, está liderada por una mujer menuda y valiente, Rosa Díez, que vendrá a Hospitalet (Barcelona) el próximo 5 de septiembre, unos días antes de la Diada, para hablar de federalismo e igualdad, y, haciendo caso omiso al nacionalismo rampante que quiere dividir en dos y enfrentar a la sociedad catalana, explicar a la sociedad catalana la necesidad de un partido valiente y de ámbito nacional con una propuesta inevitable, inaplazable, de regeneración política.
Ramón de Veciana es miembro del Consejo de Dirección de UPyD
‘Con un estado federal, se acabaría de una vez por todas el obstruccionismo y mala fe nacionalistas al quedar los gobiernos regionales sometidos a un estricto juego de normas constitucionales que les impediría chantajear al Estado para la obtención constante de nuevos privilegios, poniendo fin al pernicioso principio dispositivo de competencias. Y, también, se desacreditarían los falsos agravios esgrimidos por los independentistas, pues, nadie (cuerdo) en la Unión Europea tacharía a un sistema federal de organización del estado, como al alemán o austríaco, de ser contrario a los principios de libertad, democracia e igualdad que la inspiran’.
Transcurridos 30 años desde la promulgación de la Constitución, puede hacerse un balance con perspectiva y en profundidad de los logros y de los fracasos de este proyecto político constitucional.
Es evidente que España durante estos años ha prosperado mucho, y parte importante de ese éxito se debe al diseño constitucional pensado para ese delicado momento político de salida de una dictadura y de consolidación de una democracia europea moderna.
Pero ese diseño político da muestras graves de agotamiento que, de no remediarse con celeridad, puede dar lugar al colapso de todo el sistema constitucional, con consecuencias imprevisibles. Basta abrir los periódicos para comprobar, a diario, este fracaso institucional. El prestigio de la Corona (Título II), el funcionamiento de las Cortes Generales y la representación política de los ciudadanos (Título III) y el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (Títulos VI y IX) ha entrado en una caída en barrena, impensable hace sólo unos años.
Es urgente, pues, que se hagan las necesarias reformas constitucionales y legales que garanticen la total independencia del Consejo General del Poder Judicial, de los Tribunales Supremo y Constitucional, así como una reforma de la Ley Electoral que responda a una mayor y mejor representatividad de los ciudadanos; una reforma de la Corona que le otorgue la prestancia y dignidad perdida durante los últimos tiempos; y una auténtica Ley de Transparencia que garantice la exigencia de responsabilidad de todos ellos.
Pero el fracaso más evidente es del Título VIII, de la organización territorial, que se redactó por los constituyentes con el benévolo propósito de implicar a los nacionalismos vasco y catalán en la construcción política de España y de que, a su vez, la descentralización política cohesionase económica y socialmente todas las regiones españolas.
Lo cierto es que los resultados obtenidos, al cabo de tres decenios, son los contrarios a los previstos. En este momento, y a la vista está, el nacionalismo catalán y vasco están socavando la estabilidad de España con una deriva independentista creciente, amparada por el acomplejamiento de PP y PSOE; y, por otra parte, PSOE y PP, como partidos de ámbito nacional, han descubierto que el nacionalismo de cualquier índole (andaluz, gallego, valenciano, extremeño, etc…) es fuente de poder omnímodo, bastando con recurrir a la exaltación del sentimiento localista.
Pero, además, la inexistencia del diseño de un modelo territorial cerrado ha tenido como consecuencia la indeseable coexistencia de varios modelos territoriales contradictorios -de corte confederal, federal y unitario- cuya dinámica ha sido perversa: el constante chantaje político de los nacionalismos catalán y vasco para obtener constantes privilegios, la elefantización del Estado con la duplicidad de gastos y un despilfarro de recursos públicos sin exigencia de responsabilidad alguna, la desigualdad de derechos de los españoles en función del lugar donde viven y la creación de unos auténticos biotopos autonómicos de carácter clientelar.
Por eso, ahora es el momento de hacer propuestas que permitan superar urgentemente esta crisis institucional y política; y, en este sentido, no cabe duda que deben ser propuestas valientes y rotundas, sin complejos y formuladas desde la perspectiva del fomento del bien común de la nación.
Debe reformarse la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre el Estado y CCAA e ir hacia la construcción de un modelo federal cooperativo, donde el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general y la cohesión social de todos los españoles y de su derecho a la igualdad y a la libertad, como son la justicia, la educación, la sanidad, el medio ambiente y el urbanismo, entre otros.
Por lo tanto, y como primera prevención, debe suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por pretender la existencia de derechos históricos que justifiquen privilegios de una parte de España.
Correlativamente, debe reformarse el Senado para que sea una verdadera cámara de representación territorial, de composición mixta de elección directa y por los parlamentos autonómicos, dejando que en el Congreso se debatan los intereses generales de ámbito nacional.
El modelo federal europeo es el modelo territorial que ha dotado a los países más prósperos de nuestro entorno más inmediato, como es el caso de Alemania y Austria, de estabilidad política, además de alcanzar de forma ordenada la igualdad de todos los ciudadanos.
No es casual la campaña de desprestigio que los nacionalistas, en plena deriva independentista del catalanismo político, están realizando de forma inmisericorde hacia las propuestas federales de España.
Con un estado federal, se acabaría de una vez por todas el obstruccionismo y mala fe nacionalistas al quedar los gobiernos regionales sometidos a un estricto juego de normas constitucionales que les impediría chantajear al Estado para la obtención constante de nuevos privilegios, poniendo fin al pernicioso principio dispositivo de competencias. Y, también, se desacreditarían los falsos agravios esgrimidos por los independentistas, pues, nadie (cuerdo) en la Unión Europea tacharía a un sistema federal de organización del estado, como al alemán o austríaco, de ser contrario a los principios de libertad, democracia e igualdad que la inspiran.
En este sentido, existe una sola fuerza política de carácter nacional que desde su fundación ha hecho frente con valentía a todo tipo de nacionalismo, del violento al supremacista, y que ha exigido sin ningún tipo de acomplejamiento abrir el melón de la reforma constitucional que garantice mayor libertad e igualdad de todos los españoles, con independencia de donde vivan y cómo piensen. Y esta fuerza, UPyD, está liderada por una mujer menuda y valiente, Rosa Díez, que vendrá a Hospitalet (Barcelona) el próximo 5 de septiembre, unos días antes de la Diada, para hablar de federalismo e igualdad, y, haciendo caso omiso al nacionalismo rampante que quiere dividir en dos y enfrentar a la sociedad catalana, explicar a la sociedad catalana la necesidad de un partido valiente y de ámbito nacional con una propuesta inevitable, inaplazable, de regeneración política.
Ramón de Veciana es miembro del Consejo de Dirección de UPyD
