Otro editorial de "El País" reclamando las inversiones en Cuba

Oportunidad en Cuba

Es importante afianzar la presencia empresarial en la nueva etapa de relaciones con La Habana

El inicio de la normalización en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, anunciado el pasado 17 de diciembre y ratificado en el reciente encuentro entre los líderes de ambos países en la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá, abre una nueva etapa en la que la economía jugará un papel decisivo. En esta nueva fase, el régimen cubano asume la necesidad de favorecer la llegada de inversión extranjera para estimular “un crecimiento que devenga en desarrollo, prosperidad y sustentabilidad del proyecto socialista”. Retórica aparte, el ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, se reunió en Panamá con la comunidad empresarial y cuantificó esa necesidad de inversión extranjera en 2.340 millones de euros anuales.
Esos niveles de inversión que prevé el Gobierno de Raúl Castro son cantidades enormes para el tamaño de la economía cubana, que oficialmente se sitúa en 120.000 millones de dólares, pero que, según diversos analistas privados, apenas alcanza los 70.000. Cierto es que el mercado cubano, aunque no tiene grandes dimensiones, tiene un peso importante en la región del Caribe y cuenta con recursos naturales por explotar, una población formada y con bajos salarios y una localización privilegiada, a apenas 140 kilómetros de la costa estadounidense.

 

Editoriales anteriores

• En la dirección correcta (13/04/2015)
• Otra América (12/04/2015)

Los inversores internacionales están haciendo cola para entrar en el mercado cubano. Es ahí donde se enmarca el viaje del secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, con casi medio centenar de representantes empresariales. La disposición de las autoridades cubanas es buena; según el secretario de Estado, están dispuestas a recompensar a las empresas españolas que pagaron un alto coste económico y político por mantener sus inversiones en la isla. Las ventas de las empresas españolas rondan los 1.000 millones de euros anuales, ejercen un papel de liderazgo en el desarrollo turístico del país y tienen importantes intereses en otros sectores industriales, como el del tabaco.
Las empresas han expresado su intención de participar en los proyectos cubanos de energía, telecomunicaciones, transportes, infraestructuras y construcción. Las relaciones diplomáticas jugarán un papel crucial. Empresas estadounidenses como American Express, MasterCard, Netflix o IDT han empezado a tomar posiciones en el mercado cubano y la competencia por el futuro económico del país va a ser feroz. España no debe bajar la guardia.

Algo está mal hecho en un Estado cuando no salvaguarda derechos fundamentales.

En Alemania o Francia no podrían existir partidos como CiU, ERC, Esquerra, Bildu o PNV

En España hay sobrados ejemplos, sobre todo en estos últimos 40 años, de cómo el veneno del nacionalismo catalán y vasco, para sólo mencionar a los más relevantes, ha sido capaz de reducir las conciencias hasta el punto de que no pocos españoles, empezando por sus dirigentes, rehúyan llamarse españoles, guarden silencio cuando se les sustraen derechos fundamentales y renuncien al uso de topónimos utilizados durante siglos (Lérida, Gerona, La Coruña, etcétera) y de otras muchas palabras a fin de sacrificarlas en las aras del nacionalismo antiespañol.

Algo está mal hecho en un Estado cuando no salvaguarda derechos fundamentales. ¿No sería una aberración que se aceptase como legal un partido que pretendiese quitar a los ciudadanos derechos fundamentales sólo por ser de las razas amarilla y negra? ¿Cómo se puede aceptar entonces que el Estado admita partidos que se proponen quitar al conjunto de los ciudadanos su derecho de soberanía sobre el territorio cuando ninguna parte de ese Estado ha tenido el menor atisbo de situación colonial? Un Estado así constituido no puede ser un verdadero Estado de derecho ni una verdadera democracia. Cuando en un país o nación son legales partidos cuyo objetivo es la destrucción de ese país o nación, está claro que el Estado está mal constituido.

Que las naciones democráticas más representativas del entorno español han adoptado medidas drásticas para proteger su supervivencia frente a la acción de partidos contrarios a la misma se ve con sólo examinar el ordenamiento legal de Alemania y Francia. En virtud del artículo 9 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, “quedan prohibidas las asociaciones que se dirigen contra el orden constitucional”; en virtud del 18 se desposeerá de sus derechos fundamentales a todo aquél que combata “el orden constitucional liberal y democrático”. Y por si el sentido de esos artículos no quedase claro, el 21 establece que “son inconstitucionales los partidos que, según sus fines o según el comportamiento de sus adherentes, tiendan a trastornar o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania”. Más claro, imposible.

Algunas democracias han adoptado medidas drásticas para defender su supervivencia

En esa línea van otros muchos artículos, de los que sólo voy a transcribir el 5, según el cual “la libertad de la enseñanza no dispensa de la fidelidad a la Constitución”, y el 7, que establece que “el conjunto de la enseñanza escolar está bajo el control del Estado”. En este punto converge la Constitución italiana: “La República fija las reglas generales relativas a la instrucción y crea escuelas estatales de todos los órdenes y grados” (Artículo 33). Nada puede ser más contrario a estas sensatas líneas de pensamiento político que el ordenamiento educativo español, con la consecuencia catastrófica de haber creado 17 sistemas de enseñanza pública y con ellos la base a otras tantas nacionalidades, que no son sino la pantalla protectora de las oligarquías regionales.

La Constitución francesa es todavía más tajante respecto a la unidad y soberanía nacional. El artículo 3 establece que “ninguna parte del pueblo ni ningún individuo pueden atribuirse el ejercicio de la soberanía”, y el 4, que “los partidos y agrupaciones políticas deben respetar los principios de la soberanía nacional”. Un referéndum como el proyectado por los partidos nacionalistas catalanes, con el presidente de la Generalitat a la cabeza, para la secesión de Cataluña es algo inconcebible en Francia o en Alemania. Su ordenamiento constitucional lo hace inviable. Tampoco le vendría mal a España la prudente medida que adopta la Constitución italiana, cuando, al tratar del presidente de la República, le otorga el poder de disolver por decreto los consejos regionales (equivalentes de los gobiernos autónomos) “cuando han llevado a cabo actos contrarios a la Constitución” (Artículo 126).


Los artículos antes citados dejan bien claro que ni en Alemania ni en Francia podrían existir partidos como el PNV, Bildu, CiU, ERC, ni ningún otro que promoviese la secesión de una parte del territorio o la utilización de la enseñanza y medios de comunicación públicos para atacar derechos fundamentales del conjunto de los ciudadanos, como el de la soberanía nacional o el del uso de la lengua oficial del Estado. Lo más sorprendente es que España haya podido mantener su integridad nacional con una Constitución que, de haber estado en vigor en Alemania, Francia o Italia, habría llevado a esos países al desmoronamiento. Piénsese que Francia tiene, además de su País Vasco y su Cataluña, regiones que, como Córcega, Bretaña, Normandía, Alsacia, Lorena, Borgoña, Saboya, etcétera, son terreno históricamente abonado para la eclosión de partidos nacionalistas regionales secesionistas. Y no hablemos de Alemania e Italia, naciones compuestas de numerosos Estados que han sido independientes y soberanos durante siglos, circunstancia que nada tiene que ver con Cataluña y las Vascongadas, regiones que nunca fueron Estados independientes y soberanos, sino parte, en un caso del reino de Aragón y, en el otro, del reino de Castilla, los cuales siempre se consideraron parte de España.

Ignacio Gómez de Liaño es filósofo y escritor