El PSOE tiene apenas un mes para cerrar su propuesta de nuevo modelo territorial para España, el diseño concreto de eso que llamó en septiembre “reforma constitucional en clave federal” y que fue su respuesta al desafío independentista del Gobierno de Cataluña. El Consejo Territorial de los socialistas debe aprobar a principios de julio el documento final que recoja ese nuevo modelo, una apuesta de enorme calado que el PSOE no había planteado en 35 años de democracia y a la que ahora está dando forma en tiempo récord.
Queda, sin embargo, una fase fundamental: terminar de ensamblar en el texto definitivo —que ha coordinado Ramón Jáuregui— los distintos documentos aportados por las federaciones, integrar o descartar la letra pequeña de esas propuestas; y poner los límites: decidir hasta dónde lleva el PSOE el federalismo. En el arranque de esa recta final del debate, el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha citado hoy en Madrid al presidente del partido y de la federación más poderosa, el andaluz José Antonio Griñán, y al coordinador del Consejo Territorial, el asturiano Javier Fernández. Los dos únicos presidentes autonómicos que tiene el PSOE.
El viernes pasado, en Barcelona, Rubalcaba ya comió con el catalán Pere Navarro (primer secretario del PSC), y hará lo mismo a lo largo del mes de junio con todos los barones territoriales del PSOE, para llegar con consenso a la cita clave de julio. “Hay que buscar el común denominador”, resume un miembro de su equipo.
El objetivo declarado es aplacar el órdago soberanista, cambiar la Constitución para que Cataluña tenga un mejor “acomodo”, en palabras del secretario general. Aunque la propuesta va más allá —afectaría a todas las comunidades y pretende incorporar reclamaciones de todas, según sostiene la ejecutiva—, el punto de partida es ese: Cataluña. Por eso la premisa es que PSOE y PSC se pongan de acuerdo en un modelo común y lo defiendan después en Cataluña y en el resto de España. Nadie en Ferraz (sede del PSOE) quiere imaginar la posibilidad de que el documento que salga del Consejo Territorial no comprometa a ambos partidos.
Pero el PSC, hasta la fecha, lo que defiende es su propio documento, que contiene varios elementos en principio inasumibles para el PSOE: la descentralización del Poder Judicial, el concepto de España como “nación de naciones”, los “referendos territorializados”, el vidrioso principio de ordinalidad en la financiación. También generan inquietud en Ferraz algunos puntos de la propuesta de los socialistas valencianos, y de los de Baleares. A ellos se añade, en otra línea, el documento de Andalucía y el de los socialistas de Aragón. “Hay que sintonizar esos textos, y todos los que haya. Pero habrá acuerdo”, confía otro responsable federal. La acelerada apuesta por el federalismo no ha generado, de hecho, grandes resistencias en el seno del PSOE —al menos no han trascendido públicamente—.
Difícil apuesta de pacto de Estado
“En el momento en el que Alfredo abra un diálogo con Mariano Rajoy para tratar de alcanzar un pacto de Estado, todo el PSOE tiene que estar con él. Es fundamental que, si ocurre, el partido esté unido y detrás del secretario general; porque esa apuesta, aunque es imprescindible, tiene un riesgo”, asevera un alto dirigente del PSOE que no es del equipo más cercano a Alfredo Pérez Rubalcaba. El riesgo es que la fotode los socialistas tendiendo la mano al Gobierno en este momento de máxima impopularidad lleve a muchos ciudadanos a identificar a PSOE y PP como dos partidos iguales, socios; que tape la labor de oposición de los socialistas y los hunda aún más en las encuestas.
Hace apenas cuatro meses Rubalcaba estaba pidiendo solemnemente la dimisión del presidente del Gobierno por el caso Bárcenas. En las últimas tres semanas le ha ofrecido un acuerdo global —desde Europa al modelo fiscal, Estado del bienestar o las pensiones— para trazar la salida de la crisis. En esa apuesta por los pactos Rubalcaba tiene el apoyo firme del presidente del partido, José Antonio Griñán.
La ejecutiva del PSOE sostiene que va a seguir haciendo oposición a muchas de las políticas del PP, como la ley del aborto o la reforma laboral. “Pero ponerse radicalmente enfrente del Gobierno, en las circunstancias en las que está España, sería irresponsable”, argumenta el mismo dirigente, que ve “evidente” que “los ciudadanos piden acuerdos”. Y añade este otro argumento: “PP y PSOE nos estamos desangrando. De alguna manera, lo que fortalezca a uno o al otro es bueno para los dos. Si cae uno, pueden caer los dos”.
La pérdida de confianza en los dos grandes partidos es vista con preocupación en Ferraz; pero, a la vez, como algo transitorio. La “desconfianza brutal de los ciudadanos hacia la política” ocupa más conversaciones. “No se puede movilizar a todo el partido por una encuesta sobre intención de voto ahora, a dos años de las generales; pero sí por el desistimiento ciudadano que refleja esa misma encuesta. Es muy preocupante”, señala un miembro de la cúpula.
El documento coordinado por Jáuregui tiene varias patas. En primer lugar, plantea modificar el reparto de competencias y acabar con las “transferencias eternas”, fijando una lista de competencias del Estado central y dejando el resto para las autonomías; todavía no está decidido hasta qué punto ese reparto sería asimétrico (competencias distintas para comunidades distintas), como pide, por ejemplo, el PSC. Pero sí habría, según ha anunciado Jáuregui, un capítulo de “singularidades” de las comunidades, otorgando una dimensión “más solemne” a los “hechos diferenciales” (y ahí lo que está en discusión es hasta qué punto eso puede dar lugar a una diferencia de trato). Rubalcaba, no obstante, ha dicho que “el concepto de España” no se tocará.
Además, el PSOE quiere introducir en la Constitución los “principios” del modelo de financiación autonómica, como la participación en tributos estatales o el concepto de solidaridad. Una de las batallas se dará en este punto: el PSC ha abrazado la defensa del principio de “ordinalidad” (que las comunidades ricas no pierdan posiciones tras aportar a la solidaridad) y el PSOE no. Aunque fuentes de Ferraz admiten que “se sigue debatiendo”. Hay, por último, una fuerte discusión en las federaciones sobre la conveniencia de sustituir el Senado por una Cámara elegida por los Gobiernos o por los Parlamentos autónomos.
La Conferencia Política de octubre deberá ratificar el documento que salga del Consejo Territorial de julio, y a partir de entonces ese será el modelo federal del PSOE. Sin el respaldo del PP, en cualquier caso, nunca podría traducirse en una reforma de la Constitución.
Queda, sin embargo, una fase fundamental: terminar de ensamblar en el texto definitivo —que ha coordinado Ramón Jáuregui— los distintos documentos aportados por las federaciones, integrar o descartar la letra pequeña de esas propuestas; y poner los límites: decidir hasta dónde lleva el PSOE el federalismo. En el arranque de esa recta final del debate, el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha citado hoy en Madrid al presidente del partido y de la federación más poderosa, el andaluz José Antonio Griñán, y al coordinador del Consejo Territorial, el asturiano Javier Fernández. Los dos únicos presidentes autonómicos que tiene el PSOE.
El viernes pasado, en Barcelona, Rubalcaba ya comió con el catalán Pere Navarro (primer secretario del PSC), y hará lo mismo a lo largo del mes de junio con todos los barones territoriales del PSOE, para llegar con consenso a la cita clave de julio. “Hay que buscar el común denominador”, resume un miembro de su equipo.
El objetivo declarado es aplacar el órdago soberanista, cambiar la Constitución para que Cataluña tenga un mejor “acomodo”, en palabras del secretario general. Aunque la propuesta va más allá —afectaría a todas las comunidades y pretende incorporar reclamaciones de todas, según sostiene la ejecutiva—, el punto de partida es ese: Cataluña. Por eso la premisa es que PSOE y PSC se pongan de acuerdo en un modelo común y lo defiendan después en Cataluña y en el resto de España. Nadie en Ferraz (sede del PSOE) quiere imaginar la posibilidad de que el documento que salga del Consejo Territorial no comprometa a ambos partidos.
Pero el PSC, hasta la fecha, lo que defiende es su propio documento, que contiene varios elementos en principio inasumibles para el PSOE: la descentralización del Poder Judicial, el concepto de España como “nación de naciones”, los “referendos territorializados”, el vidrioso principio de ordinalidad en la financiación. También generan inquietud en Ferraz algunos puntos de la propuesta de los socialistas valencianos, y de los de Baleares. A ellos se añade, en otra línea, el documento de Andalucía y el de los socialistas de Aragón. “Hay que sintonizar esos textos, y todos los que haya. Pero habrá acuerdo”, confía otro responsable federal. La acelerada apuesta por el federalismo no ha generado, de hecho, grandes resistencias en el seno del PSOE —al menos no han trascendido públicamente—.
Difícil apuesta de pacto de Estado
“En el momento en el que Alfredo abra un diálogo con Mariano Rajoy para tratar de alcanzar un pacto de Estado, todo el PSOE tiene que estar con él. Es fundamental que, si ocurre, el partido esté unido y detrás del secretario general; porque esa apuesta, aunque es imprescindible, tiene un riesgo”, asevera un alto dirigente del PSOE que no es del equipo más cercano a Alfredo Pérez Rubalcaba. El riesgo es que la fotode los socialistas tendiendo la mano al Gobierno en este momento de máxima impopularidad lleve a muchos ciudadanos a identificar a PSOE y PP como dos partidos iguales, socios; que tape la labor de oposición de los socialistas y los hunda aún más en las encuestas.
Hace apenas cuatro meses Rubalcaba estaba pidiendo solemnemente la dimisión del presidente del Gobierno por el caso Bárcenas. En las últimas tres semanas le ha ofrecido un acuerdo global —desde Europa al modelo fiscal, Estado del bienestar o las pensiones— para trazar la salida de la crisis. En esa apuesta por los pactos Rubalcaba tiene el apoyo firme del presidente del partido, José Antonio Griñán.
La ejecutiva del PSOE sostiene que va a seguir haciendo oposición a muchas de las políticas del PP, como la ley del aborto o la reforma laboral. “Pero ponerse radicalmente enfrente del Gobierno, en las circunstancias en las que está España, sería irresponsable”, argumenta el mismo dirigente, que ve “evidente” que “los ciudadanos piden acuerdos”. Y añade este otro argumento: “PP y PSOE nos estamos desangrando. De alguna manera, lo que fortalezca a uno o al otro es bueno para los dos. Si cae uno, pueden caer los dos”.
La pérdida de confianza en los dos grandes partidos es vista con preocupación en Ferraz; pero, a la vez, como algo transitorio. La “desconfianza brutal de los ciudadanos hacia la política” ocupa más conversaciones. “No se puede movilizar a todo el partido por una encuesta sobre intención de voto ahora, a dos años de las generales; pero sí por el desistimiento ciudadano que refleja esa misma encuesta. Es muy preocupante”, señala un miembro de la cúpula.
El documento coordinado por Jáuregui tiene varias patas. En primer lugar, plantea modificar el reparto de competencias y acabar con las “transferencias eternas”, fijando una lista de competencias del Estado central y dejando el resto para las autonomías; todavía no está decidido hasta qué punto ese reparto sería asimétrico (competencias distintas para comunidades distintas), como pide, por ejemplo, el PSC. Pero sí habría, según ha anunciado Jáuregui, un capítulo de “singularidades” de las comunidades, otorgando una dimensión “más solemne” a los “hechos diferenciales” (y ahí lo que está en discusión es hasta qué punto eso puede dar lugar a una diferencia de trato). Rubalcaba, no obstante, ha dicho que “el concepto de España” no se tocará.
Además, el PSOE quiere introducir en la Constitución los “principios” del modelo de financiación autonómica, como la participación en tributos estatales o el concepto de solidaridad. Una de las batallas se dará en este punto: el PSC ha abrazado la defensa del principio de “ordinalidad” (que las comunidades ricas no pierdan posiciones tras aportar a la solidaridad) y el PSOE no. Aunque fuentes de Ferraz admiten que “se sigue debatiendo”. Hay, por último, una fuerte discusión en las federaciones sobre la conveniencia de sustituir el Senado por una Cámara elegida por los Gobiernos o por los Parlamentos autónomos.
La Conferencia Política de octubre deberá ratificar el documento que salga del Consejo Territorial de julio, y a partir de entonces ese será el modelo federal del PSOE. Sin el respaldo del PP, en cualquier caso, nunca podría traducirse en una reforma de la Constitución.
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