España por diferentes leyes, decretos y circulares, ha decidido restablecer los derechos de nacionalidad para muchos de sus antiguos ciudadanos que la perdieron por diversos motivos el siglo pasado (e incluso antes, como es el caso de los judíos sefardíes). Este buen camino emprendido, con el tiempo, va resultando parcial e incompleto. Con su aplicación aparecen abismos insondables de injusticia. No vamos a aludir la notoria iniquidad de conceder la nacionalidad sólo a los descendientes de los inmigrantes de sexo masculino, ni a detallar tampoco las numerosas tretas legales de las que se valen los funcionarios en el exterior para retardar o entorpecer las suplicas de los interesados, que no siempre pueden tener acceso a los documentos necesarios para hacer valer sus derechos inalienables.
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