MIGUEL COSSÍO
Tres días antes de las elecciones del martes pregunté a un conocido cercano a la Casa Blanca si, de retener Obama la presidencia, su administración profundizaría los cambios en la política hacia Cuba, dados durante el primer mandato. La respuesta de mi interlocutor fue sencilla: “Nosotros hicimos lo esencial; ¿y ellos, qué?”.
No habían pasado 48 horas del triunfo del presidente cuando me tropecé con pronósticos acerca de una eventual mejoría de las relaciones bilaterales en el segundo período obamista que iniciará en enero del 2013.
¿Es posible? Por supuesto, como también lo es que demócratas y republicanos acuerden en el Capitolio un pacto viable para salvar el abismo fiscal tan pronto como la semana próxima.
Mi opinión: Estados Unidos mantendrá el statu quo hacia Cuba y no hará modificaciones sustanciales. Si, por un lado, el cambio en el comportamiento del voto cubanoamericano en estos comicios puede llevar a la Casa Blanca a pensar en una ampliación de la política aperturista, que comenzó en el 2009; por otro, una potencial crisis planea ahora mismo de manera silenciosa sobre el horizonte político que comparten ambas naciones. Esa tormenta tropical se llama preso Alan P. Gross.
La precaria situación de Gross y el agravamiento paulatino de su salud penden como una espada de Damocles sobre la relación bilateral. ¿Cuál sería la respuesta norteamericana si ocurriese lo peor? ¿Más apertura? Por favor.
El gobierno de Raúl Castro presta oídos sordos a los pedidos que se le hacen al respecto. E insiste en el canje del contratista por los cinco espías de la Red Avispa. En el plano interno, al espinoso asunto se suma el recrudecimiento de la represión gubernamental contra opositores y miembros de la sociedad civil, una realidad que ninguna administración estadounidense, mucho menos la de Obama, puede ignorar a la hora del diseño de su política exterior.
La naturaleza de la democracia norteamericana radica esencialmente en el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales. Y estos dos casos, el de Gross y el de la represión contra disidentes, están atados por la misma hebra de la búsqueda de la libertad para la isla.
Mucho se habla de las diferencias entre demócratas y republicanos en cuanto al tema cubano. En el fondo, ambas partes desean lo mismo para Cuba. Cuando la administración Obama anunció en el 2009 el levantamiento de las restricciones a los viajes y envíos de remesas a la isla, unos cuantos calificaron la medida como una concesión al régimen.
En verdad, la decisión correspondía a una visión filosófica del problema: propiciar los cambios en Cuba desde dentro, a través del contacto pueblo a pueblo. ¿Cuál es el porcentaje de los beneficios de esta política para la víctima, es decir, el pueblo, y cuál para el régimen, su victimario?
Será interesante observar a partir de ahora los pasos y las movidas de los siete legisladores cubanoamericanos, en particular de los congresistas Ileana Ros Lehtinen, republicana y presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y el demócrata recién electo Joe García, quien a merced de su acceso a la Casa Blanca ha sido un promotor de la tesis del desmontaje de la dictadura castrista por una vía donde el régimen resbala: viajes, remesas, contactos.
La realidad, sin embargo, dicta que hoy Cuba no es una prioridad para Estados Unidos, ni en materia doméstica ni de política exterior. Tanto el gobierno en su totalidad como los tres senadores y cuatro representantes cubanoamericanos se concentrarán en lo inmediato en la búsqueda de soluciones a los problemas cruciales de la nación y de sus electores, a quienes representan.
Queda por último el fenómeno migratorio, uno de los pendientes de los políticos de Washington. 71 por ciento de los electores hispanos del país votaron por Obama. Los dreamers quieren respuestas ya. En lo que concierne a Cuba, no se necesita ser adivino para imaginar que la Casa Blanca y el Congreso tendrán en cuenta la entrada en vigor el 14 de enero próximo de la reforma migratoria anunciada por el régimen del general Castro, toda vez que resulta difícil desvincularla del tema migratorio nacional.
Entonces, ¿se mantiene o no el statu quo?
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