II
El fracaso de la vía represiva ensayada por el gobierno presidido por Antonio Cánovas del Castillo para hacer frente a la insurrección abrió el camino para un cambio de la política metropolitana hacia la cuestión cubana. En este contexto, el asesinato del líder conservador en el verano de 1897 acabó por propiciar el relevo de los conservadores por los liberales al frente del gobierno español. El 4 de octubre de 1897 Práxedes Mateo Sagasta formaba un gabinete en el que Segismundo Moret ocupaba la cartera de Ultramar.
El nuevo gobierno nacía con el propósito de conceder la autonomía a las Antillas y tratar de evitar de este modo un probable conflicto con Estados Unidos. Como una muestra de la nueva política metropolitana hacia la crisis colonial, Valeriano Weyler fue sustituido al frente del Gobierno Superior de Cuba por el general Ramón Blanco. Las instrucciones entregadas por Moret al nuevo gobernador, pocos días antes de su salida hacia La Habana, hacían énfasis en que la política del gobierno liberal iba a suponer “una transformación radical y absoluta del actual estado de cosas en la Isla”.
Las instrucciones tenían mucho cuidado en recalcar que la nueva situación implicaba una transformación radical del papel del gobernador de Cuba, que de ser el centro de todas las decisiones pasaría a convertirse en un poder moderador de los conflictos que existían en el seno de la sociedad cubana. Moret indicaba claramente a Blanco que el poder sería ejercido “por la población insular, a cuyas iniciativas correspondería en adelante el gobierno del país para cuanto a sus intereses propios se refiere”.
El nuevo gobernador encontró una situación desastrosa a su llegada a Cuba. Nada más tomar posesión de su cargo, informó a Moret que “la Administración se hallaba en el último grado de perturbación y desorden; el Ejército agotado y anémico, poblando los hospitales, sin fuerza para combatir ni apenas para sostener las armas; más de 300 000 concentrados, agonizantes y famélicos pereciendo de hambre y de miseria alrededor de las poblaciones; el país aterrado, presa de verdadero espanto, obligado a abandonar sus sitios o propiedades... sin otro recurso para aliviar su terrible situación que ir a engrosar las filas rebeldes”
Desde octubre el gobierno español había iniciado negociaciones formales con la Junta Central del Partido Liberal Autonomista de Cuba, presidida desde su creación por José María Gálvez y representada en Madrid por Rafael María de Labra. Las conversaciones fueron facilitadas por la decisión del gobierno de permitir el retorno a Cuba de todos aquellos autonomistas que habían sido deportados desde el inicio del conflicto. La junta general celebrada el 4 de noviembre por el Partido Liberal Autonomista autorizó a la dirección para cooperar con Blanco, quien —días después— procedió a nombrar nuevos gobernadores civiles para cada una de las provincias cubanas sobre la base de una lista elaborada por el propio Gálvez. Estos nombramientos entregaban por primera vez a los autonomistas el control de los principales resortes de la administración colonial. Un mes más tarde, los reformistas se integraron en el Partido Liberal Autonomista, pese a la oposición de una parte de sus dirigentes, contribuyendo de este modo a reforzar las filas del autonomismo cubano.
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