Llega el momento de buscar consensos para abordar la reforma que la Constitución necesita
El País 7 DIC 2012
La Constitución de 1978 ha rendido grandes servicios a los españoles
en términos de garantía de las libertades y de reparto del poder,
incluido el territorial, y ha permitido diferentes opciones de Gobierno
sin rupturas de la convivencia. Pero eso no implica que sea un texto
grabado en mármol y bloqueado para siempre. Una comunidad se basa en el
consentimiento de quienes la integran y no se debe pasar por alto el
crecimiento del número de personas insatisfechas con la Constitución
(52,5% en la actualidad) y el descontento de más de dos tercios de la
población con el funcionamiento de la democracia, según la última
entrega del Barómetro del CIS. Aun así, solo un 6,5% considera
“preferible” un sistema autoritario, de modo que la gran mayoría
conserva la esperanza en una democracia capaz de enderezarse.
Pero, ¿qué reforma? Es fácil ponerse de acuerdo respecto a la
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer para desempeñar la
jefatura del Estado. En cambio, hay mucha distancia entre los que
defienden la recentralización del Estado y los que proponen mantener las
autonomías o evolucionar hacia un Estado federal, en el que el Senado
sería una pieza clave. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba,
sugiere que un derecho como el de la protección de la salud debe ser
incluido entre los derechos fundamentales especialmente protegidos, en
vez de figurar, como ahora, solo entre los principios rectores de la
política.
No será fácil poner de acuerdo a los defensores de los partidos
políticos tal como están constitucionalizados —“instrumento fundamental
para la participación política”— con las iniciativas surgidas para
ampliar los cauces de la participación ciudadana y la iniciativa
legislativa popular. Delicado, asimismo, el capítulo del sistema
electoral, que la Constitución constriñe al establecer la provincia como
circunscripción y además con una cuota obligada de diputados por cada
una de ellas, lo cual favorece el peso de las hectáreas sobre el de las
personas.
Cualesquiera que sean los contenidos, parece llegado el momento de
abrir el debate constituyente. A diferencia del presidente del Senado,
Pío García Escudero, comprensivo hacia una posible reforma, otros
dirigentes del PP se manifiestan poco dispuestos. Mariano Rajoy, en un
artículo publicado ayer por La Vanguardia, señaló que “en el
marco constitucional de convivencia cabe todo”, como si diera por
supuesto que el vigente aguanta cualquier proyecto pretendido. La
reforma de buena parte de los artículos constitucionales exige
referéndum, y a ese respecto hay que recordar que 20 millones de
españoles de entre 18 y 52 años no han tenido ocasión de pronunciarse
sobre la ley fundamental. La crisis económica no es un pretexto válido
para aplazar el debate —la actual se elaboró en medio de otra crisis— y
la única condición necesaria es que se busque un amplio consenso, como
el de 34 años atrás.
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