ALEJANDRO ARMENGOL
Cuando tras la desastrosa gestión del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el Partido Popular de Mariano Rajoy llegó al poder, el sector más anticuado del exilio cubano en Miami saludó con sonrisas y esperanzas el triunfo de la derecha en España. Hoy muchos de esos exiliados ven con amargura que, en lo que respecta a las relaciones con el gobierno cubano, La Moncloa ha cambiado poco. Se puede enfatizar que muy poco. Agregar que casi nada. Ir un paso más allá y repetir la afirmación del secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, quien asegura que el “gobierno español está teniendo unas relaciones con Cuba mucho más fluidas que antes”.
El anuncio de que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron iniciar trámites para negociar un acuerdo de cooperación con el gobierno cubano fue un pequeño balde de agua fría para ese sector del exilio, aunque se debe reconocer que, a estas alturas, en Miami no se espera mucho de Madrid.
El momento de mayor acercamiento de las estrategias europeas y norteamericanas para lidiar con La Habana ocurrió en diciembre de 1996, cuando promovida por el gobierno español de José María Aznar se adoptó la “posición común”, que La Habana considera un “obstáculo fundamental” para el avance de las relaciones.
Si se recorren las fechas de los hechos, queda claro que dicha “posición común” fue en cierta medida la excusa perfecta que el gobierno de Bill Clinton buscaba para no poner en vigor el ahora casi olvidado acápite o capítulo III de la ley Helms-Burton, que permite a los norteamericanos demandar a las firmas extranjeras cuyos negocios con Cuba implican alguna forma de participación de propiedades o empresas confiscadas por el gobierno de la isla, desde un inmueble hasta una fábrica.
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