La política reformista española
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| Amadeo de Saboya |
Los radicales creían que la aplicación de esta política en Puerto Rico, con el apoyo de los republicanos, haría ver a los independentistas cubanos que con la paz obtendrían las mejoras prometidas por la Revolución. Siguiendo la interpretación progresista de la historia de España en la que achacaban al absolutismo monárquico y a la Iglesia intolerante la decadencia del país, pensaban que la pérdida de la América hispana a comienzos del XIX fue el resultado de la ausencia de reformas liberales Para los radicales los insurrectos cubanos se dividían en independentistas y reformistas, ausentes de su planteamiento los partidarios de la anexión a los Estados Unidos, y el Gobierno español debía dar a los antillanos las libertades que se tenían en España para que las colonias siguieran unidas a la metrópoli.
El partido radical entendió que el éxito de la guerra dependía de eludir la intromisión abierta de los Estados Unidos en el conflicto, al tiempo que había que evitar que la sacarocracia, los criollos cultos y adinerados de la parte occidental de la Isla se unieran a los independentistas, y, también, conseguir el desarme político de los insurrectos. La sacarocracia criolla parecía dispuesta a aceptar un plan de reformas económicas, administrativas y políticas que colmara sus intereses. Por tanto, el objetivo de los radicales era mostrar el ejemplo de Puerto Rico como aplicable a una Cuba pacificada. Ruiz Zorrilla, Presidente del Gobierno, propuso entonces la aplicación inmediata de tres medidas en Puerto Rico: la abolición completa de la esclavitud, la división de los mandos civil y militar y la aplicación del régimen provincial. Los ministros progresistas, Gasset y Artime, de Ultramar, y Ruiz Gómez, de Hacienda, se opusieron, pues preferían el gradualismo de la Ley Moret, y temían las consecuencias de la aplicación de la nueva política ultramarina. La abolición inmediata y completa de la esclavitud dictada por la Francia revolucionaria de 1848 tuvo como resultado que en Saint Thomas, colonia danesa, en Haití, Santo Domingo y Jamaica, se produjera la lucha de razas. Buena parte de los liberales españoles temían que en una Cuba, donde la situación social era tensa e imperaba la violencia, las atrocidades se repitieran.
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| A. Maceo y A. Martínez en Baraguá |
La presión de los Estados Unidos sobre el Gobierno español fue muy fuerte a finales de 1872 y principios de 1873. Sickles, embajador estadounidense en Madrid, recibía órdenes de Fish, secretario de estado del Gobierno del Presidente Grant, para que presionara a Cristino Martos, ministro de Estado español, con el fin de que estableciera las reformas no sólo en Puerto Rico sino también en la parte pacificada de Cuba. Sagasta había intentado durante su Presidencia del Gobierno en 1872 que Sickles fuera sustituido por otro embajador, pues desconfiaba de sus “labores diplomáticas”. Sickles aconsejó a Martos que el Gobierno español satisficiera estas demandas de los EE.UU. pues de lo contrario el Presidente Grant haría unas declaraciones en el Congreso muy serias para España Martos forzó así las reformas en contra del ministro de Ultramar, Gasset, y frente a la oposición de sesenta diputados radicales, provocando una crisis de Gobierno que acabó con la dimisión de los ministros que procedían del antiguo partido progresista. Tomás María Mosquera, diputado por Puerto Rico, sustituyó a Gasset en el ministerio de Ultramar, y presentó el 24 de diciembre de 1872 un proyecto de ley para la abolición inmediata e indemnizada de la esclavitud en Puerto Rico, asegurando que en Cuba acaso tendría que ser gradual .
Cuba española
A comienzos de octubre de 1871, el ex capitán general de Puerto Rico, José Laureano Sanz, y el marqués de Manzanedo promovieron la fundación de una asociación para la defensa de la unidad nacional, la propiedad, la familia y la religión de los ataques del filibusterismo -que así llamaban al independentismo cubano- y de la Internacional de trabajadores fundada en Londres en 1864, la A.I.T. Respecto a Cuba pedían el cumplimiento del acuerdo de las Cortes constituyentes españolas de 1869 de no hacer reformas en Cuba hasta que, restablecida la paz, llegasen a España sus diputados .
La vocación de la asociación fue la defensa de la hispanidad de las Antillas, por lo que tomó el nombre de Centro hispano ultramarino, y fue su primer Presidente el marqués de Manzanedo. En los Centros ingresaron políticos e industriales con la condición de haber residido en las Antillas y regresado a la metrópoli manteniendo negocios en ambos lados 10. Iniciaron su actuación como grupo de presión, extendiendo su organización por toda España, siendo de gran importancia el centro de Barcelona. No se identificaron con partido alguno, aunque sus planteamientos eran conservadores. En las Antillas existía ya la asociación. La oligarquía financiera y comercial cubana, liderada por Julián Zulueta -suegro del entonces conservador Romero Robledo-, fundó el Casino Español de La Habana en 1869, que fue imitado en otras localidades cubanas y en Puerto Rico. El Casino coordinaba al partido español, enfrentado al reformista o radical, sufragaba a los cuerpos de voluntarios -sobre todo formados por catalanes y vascos- y a diarios tanto antillanos como de la metrópoli. El objetivo era impedir cualquier reforma que perjudicara sus negocios. Se opusieron a la aplicación en Puerto Rico del régimen municipal y provincial porque podía, en su opinión, dar cobertura legal y medios materiales a los reformistas e independentistas. Rechazaban la extensión a las Antillas españolas del Titulo I de la Constitución española de 1869, el referido a los derechos y libertades fundamentales, porque los criollos descontentos, los trabajadores o los libertos podían organizar un partido, manifestaciones públicas, editar prensa y conseguir legalmente reformas contrarias a sus intereses. En el plano económico desaprobaban el librecambismo que acababa con el proteccionismo de los productos españoles en las Antillas.
No obstante, fue la abolición inmediata de la esclavitud que pretendían los radicales lo que movilizó en mayor medida a los Centros y a los Casinos. Pidieron el cumplimiento del acuerdo de las Constituyentes arriba citado y de la Ley Moret. Para ello se entrevistaron con el Gobierno de Ruiz Zorrilla e incluso con Amadeo I en un intentó de convencer al Rey para que negara la sanción a tales proyectos legislativos .
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| Gobierno provisional 1869 |
El otro partido del régimen era el conservador constitucional liderado por el general Serrano y Sagasta. El general Serrano era uno de los principales hombres de la Revolución de 1868, el más importante desde la muerte de Prim. Su Regencia durante la Interinidad, de 1869 a 1871, fue modélica. Jefe de la Unión Liberal, un partido monárquico constitucional, Serrano había convencido a su partido para que aceptara en 1868 la democracia junto a la Monarquía de Saboya, en un difícil equilibrio constitucional, con el ánimo de aunar así a todos los liberales en pos de la construcción de un régimen de conciliación. Serrano transigió con los progresistas democráticos y se retiró pacíficamente del poder cuando la crisis hundió a su Gobierno en los primeros meses de 1871. Abandonó Serrano el nombre de la Unión Liberal porque era una de las condiciones que Sagasta, jefe del ala derecha del partido progresista, le impuso para formar con los unionistas el nuevo partido conservador. Serrano derrotó a los carlistas que nuevamente se habían levantado en armas contra la libertad y el régimen constitucional, fruto de la soberanía nacional. Sin embargo, Amadeo I, un Rey al que habían votado los unionistas persuadidos por Serrano, le desautorizó a los pocos días de ser llamado a formar Gobierno en junio de 1872. El motivo del Rey fue evitar con ello que el partido radical se lanzara a una insurrección, con el apoyo de los republicanos. Serrano abandonó la vida política, pero sólo por unos meses. Despechado con Amadeo I, Serrano propuso a la destronada y exiliada Reina Isabel II de Borbón unir a todos los grupos monárquicos constitucionales en torno al lema “Cuba española”.
El general Serrano volvió entonces al partido constitucional con un discurso en el que defendía la “integridad “Los republicanos españoles habían criticado la política de mano dura con los rebeldes cubanos, la ausencia de reformas y aseguraban que la conversión de Cuba en un Estado de la federación española, arreglaría la cuestión.” de la patria” y la independencia de la nación española ante las injerencias de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña. Serrano y López de Ayala reunieron a los conservadores, a la nobleza y a la prensa contraria a la política reformista radical y, utilizando la estructura y organización de los Centros hispano ultramarinos, fundaron la Liga Nacional. A pesar de la movilización de la opinión pública que consiguieron el Gobierno radical logró la sanción del Rey de los proyectos para Puerto Rico de abolición de la esclavitud, de aplicación de la ley de organización municipal y de separación del mando civil del militar.
Cuba, un Estado de la Federación española
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| Emilio Castelar |
Hacia 1873, tanto Céspedes como José Martí, que estudiaba entonces en España, habían desesperado de los republicanos. No así los diputados puertorriqueños que, como Labra, el cual había reanimado en 1872 la Sociedad Abolicionista, se pasaron sin problemas a la República en 1873. Ni paz, ni reforma El reformismo español, incluso en su forma más radical como el republicano, no podía detener la revolución en Cuba porque los españoles no podían ofrecer nada a los insurrectos que éstos no pudieran conseguir con el éxito de su levantamiento armado. La debilidad de las fuerzas españolas en Cuba y la posibilidad de contar con los Estados Unidos como aliado animaron a los rebeldes a proseguir su lucha. De hecho, la legislación radical del Gobierno de Ruiz Zorrilla no sirvió para convencer a los insurrectos de la bondad de la paz con la metrópoli. Por otro lado, la tenacidad de los independentistas, la lejanía de España y la necesidad de crear sus propios medios coercitivos por parte de los peninsulares para paliar la carencia de los auxilios enviados desde la metrópoli, extremaron la acción y el discurso de éstos.. El reformismo no podía ser, por tanto, solución definitiva para el conflicto porque los independentistas no iban a aceptarlo y, lo que era peor, los encargados de ponerlo en práctica, los peninsulares, no estaban dispuestos a aplicarlo. Una vez que la insurrección en Cuba consiguió sus primeras victorias y esta política de ruptura total con España se mantuvo aún en el exilio, la reforma, la autonomía o la federación, incluso el éxito de la fuerza con la Paz de Zanjón en 1878, no podían proporcionar otro resultado que la independencia de la Isla.
La política que los liberales españoles podían seguir con Cuba en el Sexenio no podía ser el reconocimiento de su independencia, ni siquiera con una indemnización económica, aunque estuvieran convencidos de que en el futuro la independencia triunfaría. El objetivo de los revolucionarios españoles de 1868 era construir una Monarquía legitimada por el sufragio universal que hermanara la libertad con el mantenimiento de un orden público sólido, una empresa difícil que necesitaba concitar el apoyo y la confianza de las clases populares, medias y conservadoras. Los levantamientos armados de republicanos y carlistas, las dificultades económicas y los problemas del sistema de partidos del nuevo régimen político eran ya cuestiones muy graves que ponían en cuestión su continuidad. La pérdida de Cuba -porque como “pérdida” se sentía- hubiera sido un obstáculo insuperable para los objetivos políticos de los liberales al involucrar la libertad con el desorden y la pérdida de influencia de España, derrotada, en última instancia, por los EE.UU. La única política que podían seguir en el Sexenio era la que inició el general Prim: primero la paz, con un acuerdo previo o sin él, y luego, que una ley votada en unas Cortes donde estuvieran presentes los diputados cubanos, decidiera el futuro de la Isla. La lejanía de la metrópoli alargó el conflicto, pues de mayor envergadura fue el levantamiento federal en España de septiembre y octubre de 1869, con más de 40.000 hombres armados, y el Gobierno de Prim lo sofocó en un mes. Como afirma el gran historiador cubano Moreno Fraginals, la política que siguió España hacia Cuba hasta su independencia fue la única posible en la situación de ambas naciones, una “política de supervivencia” con unos políticos españoles convencidos de lo inevitable de su derrota.
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