¿Es rentable ser libres? Tercera parte

CUBA, EL SOCIALISMO Y LA DEMOCRACIA

Por JULIO CÉSAR GUANCHE

VII. 

Intelectuales cubanos y extranjeros vienen difundiendo en Cuba, desde hace tiempo, las ideas sobre el poder consejista y la autogestión. Esta prédica enfrenta diversos problemas en el contexto cubano. La educación para la autogestión ha provenido, históricamente, de experiencias como las huelgas y el control obrero. Ahora, ni en el marxismo ni en la experiencia revolucionaria cubanos existe tradición consejista, salvo la creación de soviets en centrales azucareros durante 1933, de efímera duración. De ello no puede culparse a la influencia soviética en Cuba: tampoco existía antes de ella. El tema de la autogestión es parte del continuo sobre la transición poscapitalista. La autogestión no podrá subsistir ni desarrollarse si se entiende solo como experimento económico: si deja intactos el centralismo gubernativo y la planificación burocrática. Si los impacta, alterará las estructuras mentales y materiales por ellos creadas, y ello comporta consecuencias: la primera de ellas, la redistribución de poder. Sin embargo, este conjunto orbita dentro de un modelo económico que privilegia, con todo, el trabajo pagado y la fábrica como “célula fundamental” de la sociedad. Economistas de izquierda vienen defendiendo, desde hace ya tiempo, paradigmas económicos alternativos a esa lógica, entre los cuales se encuentra el de la economía “de lo suficiente y lo necesario”, que valoriza, entre otras cosas, el alargamiento de la vida media de las cosas, la riqueza ya producida, el ritmo de reproducción de la naturaleza, el trabajo pagado, pero también el trabajo voluntario y el doméstico, y que expresa una racionalidad económica diferente a la que supone, considerados en abstracto, tanto el régimen de trabajo asalariado como la autogestión, asimilables ambos por filosofías productivistas con las que el medio natural y social del planeta ya no puede siquiera negociar. Al mismo tiempo, quizás el control obrero no pueda cubrir colectividades sociales “no obreras” mejor que modelos territoriales de poder comunal. Además, la creciente conciencia de la necesidad de gestar el desarrollo desde lo local, y desde él hacia lo nacional y lo global, coloca en la potenciación de los territorios más que en las industrias mismas, “la célula” del desarrollo humano. Por otra parte, sus promotores debieran argumentar más de qué forma un paradigma —el “régimen de los productores libres asociados”— desarrollado para la economía del siglo XIX, da cuenta de las necesidades de la economía hipercomplejizada del XXI, en la cual está inserta la Isla, como el resto del mundo. Con todo, no existen obstáculos materiales para impedir, aquí y ahora, experiencias de este tipo —al menos en escala experimental, en determinados sectores, como viene ocurriendo en Venezuela. En todo caso, de existir obstáculos no tendrían base en el marxismo ni en la teoría socialista, sino en la vocación de estratificaciones políticas, de no redistribuir poder. 

VIII. 

La posición socialdemócrata defiende una construcción democrática que promueva lo positivo del socialismo. Sin embargo, algunos de los medios que ofrece para conseguirlo me despiertan dudas sobre su viabilidad. Para explicarlo me valdré de un texto reciente de Roberto Veiga. 

Cuando este autor católico busca una plataforma “con arraigo, capaz de generar entusiasmo, consenso, confianza y por ende unas posibilidades mayores de participación democrática”, encuentra como solución un “paradigma metapolítico”, frase brumosa desprendida del antiguo mito liberal de la neutralidad ideológica de las formas políticas y de la viabilidad del Estado “de todos”. Ahora, más que una “política despolitizada”, que busque así el —hipotético— equilibrio social, acaso sea más viable politizar, en una perspectiva material, las relaciones económicas, laborales, de vecindad, familiares, de pareja, sobre la base de la única universalidad posible: la política. Veiga busca construir la asociatividad, y las reglas según las cuales deben funcionar organizaciones sociales, partidos y Estado, sobre bases de mejor representación y mayor democraticidad. Ellas están, no obstante, demasiado cerca del paradigma de la democracia como procedimiento, que entiende la democracia como la existencia de un conjunto de normas reguladoras del buen vivir.

Ese paradigma ilumina una dimensión esencial: sin procedimientos democráticos es imposible la democracia. Los procedimientos viabilizan o impiden la resolución, en la práctica, de los ideales perseguidos. Por ello tienen efectos políticos; son medios que solo pueden generar fines condicionados por esos mismos medios. No obstante, ese paradigma reduce la democracia a los procedimientos, con lo que da por supuestas —indiscutibles— las condiciones bajo las cuales se fundó la “buena convivencia”. Así, es capaz de paliar la desigualdad, no de alterar sus raíces; puede moderar la exclusión, mas es incapaz de instaurar la base universal de la justicia. Ello me hace discrepar de otra afirmación de Veiga respecto a que el artículo primero de la Constitución de 1940, “no ha dejado de ser una referencia, aún no asumida plenamente por la elaboración ni por la práctica constitucional, legal y política cubana”. Ciertamente, este empeño puede continuar siendo guía, pero parece desconocer que fue precisamente el socialismo el que abrió a los cubanos la posibilidad de refundar sus orígenes sociales, de avanzar en la cobertura material imprescindible para el ejercicio de la ciudadanía, de resistir la dominación capitalista en general y la dominación imperialista en América Latina en particular, y de habilitar la pregunta sobre la libertad y la justicia a una escala social antes no alcanzada en el país. Por ello mismo, entiendo que sin socialismo será imposible asegurarlo en el futuro.Por otra parte, existe una tradición histórica de esta corriente en Cuba. La posición socialdemócrata defiende la suya como “tercera vía” cuando es una variante de la realmente existente. Buscar “lo mejor de uno y otro sistema” termina siempre en la aceptación del capitalismo con la receta de algún remedio temporal. Cuba tiene las pruebas en su historia, con la trayectoria frustrada del populismo cubano, en la línea Grau-Prío-Chibás, y con la crisis general del reformismo que desembocó en el golpe de Fulgencio Batista en 1952. El futuro no tiene por qué ser la reedición literal del pasado, pero conlleva la necesidad de comprender los proyectos realmente existentes en el pasado para cotejarlos con su posibilidad en el porvenir. 

IX. 

La reforma constitucional cubana de 1992 produjo una mudanza de los fundamentos ideológicos del Estado cubano configurado en 1976. Las posibilidades contenidas en ella habilitan un curso de desarrollo socialista basado en el republicanismo para Cuba. La reforma constitucional pluralizó el régimen de la propiedad, alteró la base social del Estado tanto como su confesionalidad, amplió la definición sobre el carácter ideológico del Partido Comunista de Cuba, eliminó las referencias a la “unidad de poder” y al “centralismo democrático”, como criterios de organización del Estado; exigió elecciones directas para la integración de los organismos representativos, evitó la consagración de los nombres de las organizaciones sociales y de masas, permitiendo la creación de nuevas concertaciones, y abandonó el desempeño, como función exclusiva del Estado, del comercio exterior. Sin embargo, no existe una reflexión, sistematizada y publicada en el medio intelectual, sobre el estatuto y las consecuencias abiertas por la reforma de 1992; no aparece como tema en el discurso oficial y es muy probable que buena parte de la ciudadanía desconozca las consecuencias que pueden desprenderse de ella. El principal problema que posee la Constitución de 1976, aún con su reforma de 1992, para reproducir posibilidades socialistas, es la falta de mecanismos de defensa constitucional para proteger tanto el sistema institucional como para la realización más efectiva del vasto catálogo de derechos individuales que establece. Esto es la imposibilidad de asegurar, desde el lugar del ciudadano, el cumplimiento de la ley, más allá de la voluntad del Estado de hacerla cumplir. Sin embargo, desde la plataforma de 1992 se puede encarar el mayor desafío socialista: completar desde el pueblo el orden constitucional; que el poder popular sea más poder y más popular, habilitando nuevos mecanismos de protección del sistema institucional y de los derechos fundamentales y viabilizando otras formas de control del ejercicio del poder estatal y de ejercicio de autogobierno desde la ciudadanía. 

Desde la base de esa reforma, una práctica socialista republicana puede dilucidar cuáles mecanismos jurídicos y políticos serían necesarios para controlar la actividad estatal y proteger derechos fundamentales desde las prerrogativas del ciudadano, cuál ha de ser la articulación entre la política estatal y las políticas ejercidas desde las instituciones que conforman el sistema político en función de socializar poder político hacia la ciudadanía y cómo la configuración clasista actual de la sociedad cubana posibilita o impide desarrollos democráticos contenidos en ese texto. 

X. 

No es útil “esencializar” una forma política y mostrarla como la salida socialista. Cualquiera sea, el problema es examinar la naturaleza del poder que instaura: ¿cómo se integra el poder, cuáles intereses sirve, a quiénes sirve? La cuestión es comprometerse con las necesidades concretas del pueblo cubano y con las soluciones más efectivas para ellas, allí donde es la propia ciudadanía quien define sus necesidades y sus soluciones desde la construcción de la autonomía personal y colectiva. Si bien el socialismo puede existir sin democracia, la democracia no puede existir sin el socialismo. Por ello, el futuro democrático de Cuba ha de ser, si quiere conseguirlo, más socialista. 

El socialismo sirve a la democracia, si la democracia sirve al socialismo. Esto es si, como mínimo: 

1) asegura el carácter público de la política,como cosa efectivamente de todos, sin jerarquías ni posiciones fijadas de antemano; lo que reivindica, primero, la igualdad política y las garantías individuales y, con ellas, la producción y el control de la política como ejercicio universal, inexpropiable por intereses particulares y sometido a leyes, subordinadas estas a la interpelación ciudadana, 

2) asegura los presupuestos sociales necesarios para el ejercicio de la soberanía ciudadana, en principio la justicia social y la educación para la libertad,

3) instituye formas directas de ejercicio del poder, que afirmen la soberanía del ciudadano, 

4) recupera el perfil de la representación política como un mandato controlado en plenitud, y, entonces, del funcionario como mandatario —el que realiza un mandato: sometido a elecciones, rotación, retribución equitativa, incompatibilidad de funciones, control, revocabilidad, transparencia en la actuación, encargado de administrar decisiones ciudadanas y subordinado de modo vinculante a ellas, 

5) socializa los medios de producir la vida, 

6) entiende la participación socialista de los trabajadores como su empoderamiento en la definición sobre: la organización del proceso productivo, las condiciones de trabajo, la cualidad del objeto de la producción, la estructura de la redistribución de los ingresos, las reglas del intercambio, etc., 

7) entiende la participación socialista de los consumidores también como control de la producción desde la ciudadanía, en la óptica de la calidad de la vida y de su compatibilidad con el medio social y natural, contraria al “consumismo”, 

8) mantiene abierta la pregunta sobre la “mejor” institución posible, en manos de una colectividad capaz de crearla y de re-crearla, y 9) un etcétera tan largo como la imaginación revolucionaria conciba la liberación de las formas de vida personal, social y natural. El fracaso del socialismo real y del capitalismo redefinen los términos del debate: el sociallismo es la democracia. Para ello, los derechos formales son tan básicos como los materiales; los derechos son totales o no son. El socialismo en el siglo XXI, para poder ser la alternativa a la amenaza global que vivimos, ha de ser la afirmación simultánea de ambos. El pan y la libertad, o se salvan juntos, o se condenan los dos. 

Al final, ¿para qué sirve Cuba? 

Si Cuba tiene el futuro abierto como para hacer posible alguna, u otra, de estas alternativas, sirve para mostrar que constituye una alternativa al control de la democracia por el capitalismo y una alternativa a sí misma. Incluso si no sirviera para esto, la mera existencia de tal posibilidad es la fuente de una esperanza: sirve para creer todavía en la posibilidad de liberar el futuro, de liberar la democracia, de mostrar que la libertad es siempre más rentable que la dependencia. 

Notas

1- Ver Pedro Campos, y otros, Cuba necesita un socialismo participativo y democrático. Propuestas programáticas, en: http://www.kaosenlared.net/noticia/cuba-necesita-socialismo-participativo-democratico-propuestas-programa, fecha de descarga: 13 de septiembre de 2008. 

2- Ver Wim Dierckxsens, La transición hacia el postcapitalismo: el socialismo del siglo XXI, Ruth Casa Editorial, 2007. 

3- Ver Roberto Veiga González: En torno a la democracia en Cuba, Espacio Laical, La Habana, no.3, 2008. 

4- “Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”. 

Publicado en Espacio Laical, 2-2010.