La Habana -- El gobierno cubano impondrá multas de entre 8 y 62 dólares, así como sanciones de pérdida de la licencia y decomiso de mercancías, a los trabajadores privados que violen las leyes del país y las normas sanitarias, según un decreto publicado este miércoles.
La norma, firmada por el presidente Raúl Castro y publicada en la Gaceta Oficial, tiene como objetivo “precisar las infracciones personales de las regulaciones del trabajo por cuenta propia, las medidas aplicadas a los infractores y las autoridades facultadas para imponerlas”, señala el texto.
La nueva regulación, que unifica diversas normas anteriores, incluye sanciones que van desde una notificación preventiva a multas, prohibición de ejercer determinada actividad, retiro de la licencia y decomiso de equipos y materiales de trabajo, según el caso.
Las infracciones graves, que serán multadas con el equivalente a 62 dólares, son ejercer una actividad no autorizada por la ley, o trabajar en una actividad legal, pero sin tener licencia.
Las faltas menos graves y leves tendrán una multa equivalente a 29 dólares y ocho dólares, respectivamente.
Otras infracciones graves serán arrojar desechos en lugares no autorizados, no mostrar a los fiscalizadores la licencia sanitaria, o incumplir normas sanitarias.
Dos brotes de cólera registrados en Cuba en 2013 fueron causados por vendedores de alimentos, que resultaron ser portadores asintomáticos que no se lavaban bien las manos, informaron las autoridades sanitarias.
Igualmente serán multados con 62 dólares los que utilicen materias primas prohibidas o de procedencia ilegal, o comercializar especies de animales protegidos.
Buena parte de la artesanía que se vende en la isla se fabrica a partir de caracoles, conchas, corales y otras especies en peligro y que están en veda.
También serán fuertemente sancionados los que hagan trabajar a menores de 17 años, mientras que perderán sus licencias quienes no paguen las multas y sus mercancías quienes trabajen en forma ilegal.
Desde el 1 de enero está prohibida la venta de ropa importada por parte de privados, que lo hacían bajo licencia de sastre o costurera.
Al cierre del año, los trabajadores privados o “cuentapropistas” eran unos 445,000 en la isla, básicamente en actividades de servicios.
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