AFP
LA HABANA -- El gobierno cubano congelará “sin dilación” ni “previa notificación” los fondos vinculados con la red Al Qaida o los talibanes de bancos extranjeros en la isla, preparando el escenario para la nueva política de inversión extranjera que aprobará en marzo.
Esas “sanciones financieras”, contenidas en dos decretos publicados este viernes en la Gaceta Oficial -entrarán en vigor a fines de marzo- amplían y adecuan la legislación cubana a los requerimientos internacionales exigidos por la ONU, y ubican a Cuba al mismo nivel internacional en esa materia.
“Serán congelados sin dilación y sin previa notificación los fondos u otros activos derivados o generados (…) o que pertenecen o están controlados directa o indirectamente por personas o entidades (…) vinculadas con Al Qaida y el Talibán”, señala el texto firmado por el presidente Raúl Castro.
Serán sancionadas con igual medida “las personas o entidades” que hayan sido identificadas “como terroristas” por la ONU, “o por solicitud de cooperación de terceros países”.
Así como instituciones financieras extranjeras que operan en la isla con licencia del Banco Central, a sus “oficinas de representación”, así como a “personas naturales o jurídicas”, que realizan transacciones financieras internacionales.
Once bancos extranjeros, entre ellos los españoles el BBVA y Sabadell, y los franceses Société Générale y Banco Nacional de París (BNP), tienen representaciones en la isla, pero no realizan operaciones con personas naturales, sino únicamente con empresas estatales o de capital mixto y el Banco Central.
La nueva legislación destacó que las sanciones anunciadas son parte de las medidas que están siendo adoptadas “para dar respuesta a los compromisos” de Cuba “en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y otros relacionados de similar gravedad”.
También faculta a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central para trazar “las directrices que resulten necesarias” para la aplicación de las estas medidas, y establece la creación de un Comité Coordinador para la Prevención y Enfrentamiento, que funcionará como su brazo ejecutivo.
Los decretos fueron publicados cuatro meses después de que visitara Cuba el director del Departamento de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos de la ONU, el griego Dimitri Vlassis, quien hizo recomendaciones a la isla, tras un examen a que la sometió su Departamento.
Raúl Castro, quien sustituyó a su hermano enfermo Fidel en 2006, anunció en diciembre que aprobará en marzo una nueva ley de inversión extranjera, con el objetivo de atraer capitales y tecnología a la isla para impulsar la deprimida producción nacional.
Esa ley será “mucho más profunda” que la actual, que asigna al capital extranjero un papel de “complemento” a las inversiones estatales cubanas, cuyas acciones deben ser más del 50% en cada empresa mixta creada y aportar básicamente tecnología y mercado, dijo hace una semana el director de Política Económica del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Pedro San Jorge.
Cuba busca inversores extranjeros también para la Zona Especial de Desarrollo (ZED) del megapuerto del Mariel, la mayor obra de infraestructura de su historia, que se levanta con financiamiento inicial de Brasil a 45 km al oeste de La Habana.
Los primeros 700 metros de muelle del puerto del Mariel serán inaugurados a inicios de la próxima semana por Raúl Castro y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien participará el martes y miércoles próximos en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
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