En el siglo XIX los aranceles proteccionistas establecidos por el Gobierno de España permitieron el despegue de la industria catalana, una apuesta que relegó a otras comunidades
La memoria es corta. Tendemos a interpretar el pasado filtrándolo por el tamiz de lo que vemos en el tiempo presente. Si en una charla de cafetería preguntásemos cuál de estas dos regiones, Cataluña o Galicia, contaba con más población en el siglo XVIII, indudablemente la mayoría de los parroquianos nos dirían que Cataluña, pues hoy la comunidad mediterránea aventaja a la atlántica en 4,8 millones de habitantes. Sin embargo, lo cierto es que en 1787 Galicia tenía más población que Cataluña: 1,3 millones de gallegos frente a 802.000 catalanes. Los saludables datos demográficos del confín finisterrano eran además un síntoma de pujanza. En el siglo XVIII algunos pensadores ilustrados presentaban a Galicia ante otros pueblos de España como un ejemplo de sociedad bien articulada económicamente.
Bendecida por un clima templado y con generosos dones naturales, ya bien conocidos desde los romanos, buenos amigos de su oro y su godello, entre 1591 y 1752 se estima que Galicia duplicó su población. Su éxito se basaba en una agricultura autosuficiente, que recibió un empujón formidable con la perfecta y temprana aclimatación del maíz a los valles atlánticos. Pero había más. Una primaria industria popular, cuyo mejor ejemplo era el lino. Y también, claro, los recursos de las salazones de pescado, donde tanto ayudaron empresarios catalanes; la minería, las exportaciones ganaderas, el comercio de sus puertos… Todo ese edificio gallego, tan perfectamente ensamblado durante siglos y triunfal en el XVIII, entrará en crisis súbitamente en el XIX y se vendrá abajo. Fue un colapso de naturaleza maltusiana (Galicia se torna incapaz de atender las necesidades que genera su bum demográfico) y da lugar a un éxodo de magnitudes trágicas: desde finales del siglo XVIII hasta los años 70 del siglo pasado se calcula que un millón y medio de personas huyeron de la miseria de Galicia. Buenos Aires fue durante largo tiempo la segunda ciudad con más gallegos y ese gentilicio todavía es allí sinónimo de español.
¿Por qué se hunde Galicia en el siglo XIX? Porque decisiones políticas externas voltean su modo de vida tradicional. La apuesta por la industria del algodón mediterránea, que será protegida con reiterados aranceles por parte del Gobierno de España, arruina la mayor empresa de Galicia, la del lino. Los nuevos impuestos del Estado liberal, que sustituyen a los eclesiásticos, obligan al campesinado a pagar en líquido, en vez de en especie, y lo acogotan. Aislado del milagro del ferrocarril, el Noroeste languidece, lejano, ajeno a los nuevos focos fabriles, establecidos en Cataluña, con su monopolio de la industria del algodón, y en el País Vasco, cuya siderurgia pasa a ser también protegida como empresa de interés nacional.
Cataluña, siempre lo primero
La primera línea férrea de España es la Barcelona-Mataró, en 1848. Galicia contará con su primer tren en 1885, ¡37 años después! La primera empresa de producción y distribución de fluido eléctrico a los consumidores se creó en Barcelona, en 1881, se llamaba, y es significativo, Sociedad Española de Electricidad. La primera ciudad española con alumbrado eléctrico fue Gerona, en 1886. La teoría del agravio a Cataluña no se sostiene. De hecho, el resto de España todavía aportará algo más: mano de obra masiva y barata para atender a la única industria que existía, la catalana (salvo el oasis de Vizcaya).
En el siglo XX llegaran más ventajas competitivas para Cataluña. En 1943, Franco establece por decreto que solo Barcelona y Valencia podrán realizar ferias de muestras internacionales. Ese monopolio durará 36 años. Fue abolido en 1979 y solo entonces podrá crear Madrid su feria, la hoy triunfal Ifema. Catalanas son las primeras autopistas que se construyen en España (Galicia completó su conexión con la Meseta en el 2001 y la unión con Asturias se culminó hace dos semanas). La fábrica de Seat, la única marca de coches española, se lleva a Barcelona. Otro hito son los Juegos Olímpicos del 92, un plató de eco universal, conseguido, concebido y sufragado como proyecto de Estado (o acaso cree alguien que aquello se logró y se costeó solo por obra y gracia del Ayuntamiento de Barcelona y el gracejo de Maragall). En los años noventa se completará la entrega a empresas catalanas del sector estratégico de la energía, un opíparo negocio inscrito en un marco regulado. En 1994, el Gobierno de Felipe González vendió Enagás, monopolio de facto de la red de transporte de gas en España, a la gasera catalana, por un precio inferior en un 58% a su valor en libros. Repsol, nuestra única petrolera, también pasará a manos catalanas. Los modelos de financiación autonómica se harán siempre a petición y atención de Cataluña. También es privilegiada en las inversiones de Fomento y se le permite aprobar un estatuto anticonstitucional que establece algo tan insólito como que la instancia inferior, Cataluña, fije obligaciones de gasto a la superior, España. Todas las capitales catalanas están conectadas por AVE en la primera década del siglo XXI, mientras que la línea a Galicia todavía no tiene fecha cierta y los próceres de CiU presionan que no se construya.
Retroceso con la libertad
Cuando llegan las libertades económicas y se evaporan los aranceles y los monopolios, España logra crear, contra todo pronóstico, la mayor multinacional textil del planeta, Inditex. Resulta harto revelador que la compañía nazca en La Coruña, en el confín atlántico, y no en la comunidad que durante un siglo largo disfrutó del monopolio del algodón y el textil. Lo mismo sucede con las ferias de muestras de Barcelona y Madrid.
En realidad la libertad económica, unida al ensimismamiento nacionalista, sienta mal a Cataluña, acostumbrada a competir apoyada en la muleta del Estado intervencionista. Según la serie histórica de desarrollo regional de Julio Alcaide para BBVA, en 1930 la primera comunidad en PIB por habitante era el País Vasco y la segunda, Cataluña; Galicia se perdía en el puesto quince. En el año 2000 Baleares era la primera; Madrid, la segunda; Navarra, la tercera, Cataluña caía al cuarto lugar; y el País Vasco, al sexto; por su parte Galicia recortaba varios puestos.
Realmente el primer ferrocarril español fue construido en Cuba en 1837, once años antes que el de Mataró. Además, como también se ha dicho en este foro, las leyes que beneficiaban a la industria catalana en perjuicio del resto de España tuvieron mucho que ver con las causas de las guerras cubanas de independencia.
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