Emilio Morales in Cf
A tres años de expirar el segundo y último mandato del gobernante Raúl Castro, los cambios emprendidos y los espacios abiertos para ejercer el trabajo privado, no acaban de estabilizar y enrumbar la economía por un sendero exitoso.
El escenario actual se torna difícil para la economía cubana. Más allá del deseo de la cúpula gobernante de querer salir adelante en la transformación del modelo económico, la realidad muestra que el pensamiento estratégico y táctico de las reformas es tan arcaico y obsoleto como la estructura misma que hoy rige los destinos de la isla.
Existen dos poderosos factores que entorpecen las transformaciones: la falta de recursos financieros (capital) y las rígidas leyes que regulan la economía y lejos de atraer las inversiones, se comporta como una barrera al desarrollo y la apertura de mercados.
Es por ello que la convocatoria de la Asamblea Nacional del Poder Popular -aún no formalizada- para discutir la nueva Ley de Inversiones, a finales de marzo (¿o se pasará para abril?), parece ser la última carta del gobierno para intentar salir del inmovilismo económico y enrumbar las reformas por un camino esperanzador para el pueblo cubano.
Factores de impacto
Lo cierto es que las reformas de Raúl Castro no han logrado atraer el capital extranjero que se necesita.
Las expectativas apuntan a la década de los 90, cuando mayor fuerza tuvo el proceso inversionista extranjero en la isla. El auge de la actividad empresarial externa fue tan fuerte, que -junto a las empresas operadoras de las zonas francas y otros tipos de asociaciones- se consiguió acumular un capital comprometido para inversiones de unos $3,000 millones de dólares.
Sin embargo, a partir del 2002, comenzaron a declinar en cantidad y capital efectivo. En el 2004, el gobierno dio un giro de 180 grados y retomó las pautas de la economía centralizada, dando lugar a un rápido proceso de desaceleración de las inversiones que congeló paulatinamente el emergente proceso aperturista.
El retranque gubernamental desencadenó el cierre de alrededor de 200 empresas mixtas, lo que provocó un bajón en el monto total del capital comprometido para las inversiones privadas en el país. En cambio, se optó por dar mayor prioridad a las inversiones de socios gubernamentales como Venezuela, China y Brasil que a los inversores privados, relegados a un segundo plano mediante una acelerada disminución de sus contratos.
Con la llegada de Raúl Castro al poder se ejecutó una cruzada en la lucha contra la corrupción de los inversionistas extranjeros y empresarios cubanos representantes de empresas estatales. Como resultado de estas medidas, fueron detenidos varios empresarios extranjeros y cubanos de alto rango (incluidos un ministro, varios viceministros y directivos de empresas). Los arrestados, fueron llevados a juicio bajo cargos de corrupción, sobornos y otros delitos, y algunos recibieron sentencias de hasta 20 años de privación de libertad. Otros han salido después de permanecer más de un año en prisión en espera del juicio, como los empresarios británicos Amado Fakhle y Stephen Purvis, altos ejecutivos de la empresa Coral Capital Group Ltd.
Campos de golf en el limbo
La cruzada anticorrupción cubana trajo como consecuencia que la confianza de los inversionistas disminuyera considerablemente, generándose un ambiente poco atractivo para poner dinero en la isla. Esta atmósfera de incertidumbre e inseguridad ha servido para detener el flujo de capitales hacia el país.
A ese efecto adverso hay que sumarle que en los últimos cinco años, tres megaproyectos proyectos esperanzadores han resultado en fracaso a causa de la errónea estrategia del gobierno cubano.
El primer tropiezo fue con el archiconocido proyecto de los 16 campos de golf, que se vienen promoviendo hace más de nueve años y que aún no ha logrado ejecutarse ni el primero. Tales proyectos, con un potencial de inversiones de alrededor de $3,500 millones de dólares, están empantanados en un limbo que solo una nueva legislación renovadora, flexible, abierta y atractiva puede despertarlos del letargo en favor de los propósitos inversionista que reclama el sector turístico.
Para ello, la nueva ley tiene que resolver el crucial problema de la propiedad de superficie de los inmuebles que pretenden venderse y generar la confianza que los compradores necesitan. En otras palabras, significa que la oferta en juego tiene que ser tan atractiva que las opciones existentes en el Caribe y Estados Unidos, desde Bahamas, la Rivera Maya en México, República Dominicana, hasta Sarasota y los Cayos del Sur de la Florida.
Los sesudos del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera deben acabar de entender de una vez que no basta con tener paisajes encantadores y playas paradisíacas: las leyes también tienen que estar a la altura de la naturaleza o de lo contrario los sueños de desarrollo duran tanto como una pompa de jabón.
Petróleo hasta nuevo aviso
El segundo traspié para la economía cubana fue la búsqueda de petróleo en aguas territoriales cubanas. Más de 10 años de lobby utilizó el gobierno para lograr convencer a varias transnacionales de la industria petrolera a enrolarse en las perforaciones en aguas profundas del Golfo de México, al norte de la isla.
Sin embargo, el apoyo cubano a la nacionalización de YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los obstáculos geológicos para extraer el crudo, pusieron fin a un esfuerzo colosal, que incluyó hasta la construcción de una plataforma semisumergible capaz de explorar petróleo sin violar los impedimentos del embargo estadounidense. Tras el fiasco en tres pozos se esfumó la esperanza de que el país encontrara una nueva locomotora para su economía y todavía quedan en el aire las interrogantes: ¿Realmente cuál fue el fallo? ¿Había o no había petróleo?
Cuando empresas como Repsol y otras involucradas en la exploración petrolera al norte de Cuba deciden posicionarse para invertir, no lo hacen para abrir un pozo y retirarse después. La búsqueda lleva tiempo y probablemente sea necesaria la perforación de más de una veintena de pozos para dar caza al preciado yacimiento. Pero el fantasma de la nacionalización quebró la confianza de los postores y determinó la automática y temprana orden de retirada. El resultado: no habrá búsqueda de petróleo en aguas profundas hasta que las condiciones de confianza sean restablecidas.
Un comienzo difícil para el Mariel
El tercer escollo está en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM). El recién inaugurado y notoriamente publicitado puerto del Mariel, financiado a un costo de $900 millones de dólares con la ayuda del gobierno de Brasil, no ha despertado el hambre de inversiones para lo cual fue diseñado.
Las preocupaciones están a flor de piel, por mucho que el discurso oficial trata de enmascararlas. Hasta hoy no han aparecido las grandes inversiones proyectadas, aún cuando, en teoría, el proyecto del Mariel se sustenta en una estrategia de gran magnitud y a largo plazo.
El escenario actual presenta serias dificultades y retos, desde los absurdos y poco atractivos mecanismos para la contratación del personal hasta la fuerte competencia que deberá encarar con zonas similares existentes en Panamá, Jamaica y otros países del Caribe y Centroamérica. Todos con muchos años de experiencia, probada eficiencia operativa y precios competitivos, además de tener mejores condiciones para desarrollar el comercio con el principal mercado de la región: Estados Unidos.
El proyecto del Mariel nace limitado por las medidas que se derivan del embargo, como la prohibición de entrar a aguas territoriales Estados Unidos a buques que hayan atracado en Cuba en los últimos seis meses. A la vez, el desarrollo de la zona requiere de cuantiosos capitales para su desarrollo, lo que se traduce en una presencia de larga estancia en la isla por parte de los inversores, que quedarían también atados a las regulaciones del embargo. Los factores de riesgo no permiten mucho entusiasmo respecto a inversiones de largo alcance en la primera etapa el proyecto.
La cruzada antiembargo
Mientras tanto, la nueva ley de inversiones está precedida por un fuerte lobismo antiembargo, dentro y fuera de Cuba.
Desde hace meses, el gobierno cubano ha articulado varias acciones, con un menú diverso sobre la mesa. En esa lista de tentaciones para inversionistas indecisos se inscribe de intento de negociar con las Grandes Ligas la contratación de peloteros cubanos; el encuentro del jefe de la Sección de Intereses Cuba en Washington, José Ramón Cabañas, con empresarios en Tampa; y el reciclaje de las declaraciones del acaudalado empresario Alfonso Fanjul sobre sus deseos de invertir en la isla “cuando las leyes lo permitan”. El trabajo de la propaganda oficial se complementa con inducciones hacia la prensa estadounidense, y el complemento siempre diligente de ciertos sitios y espacios “alternativos” de Miami.
Por cierto, las polémicas declaraciones de Alfy Fanjul levantaron ronchas en el exilio más conservador, pero su efecto movilizador estaba puesto en otros blancos. No hay que olvidar la reacción de políticos como el ex gobernador de Florida, Charlie Crist, quien casi al unísono pidió públicamente el fin del embargo a la isla. Una posición en las antípodas a la manifestada durante su campaña al Senado federal, cuando apoyaba incondicionalmente el embargo. ¿Será que estas inesperadas posturas muestran la punta de un iceberg oculto? ¿O se trata de movidas circunstanciales que se repiten cada cierto tiempo en torno a la política estadounidense?
Obviamente salta a la vista que el gran dilema que tendrá que resolver la nueva ley de inversiones será el mismo de las legislaciones y normativas implementadas por Cuba desde 1995: la rigidez legal y el ambiente poco confiable para arriesgar el capital.
Una oportunidad única
La nueva legislación tiene que garantizar la propiedad de la tierra, dejar escrito que bajo ninguna circunstancia se van a aplicar medidas nacionalizadoras al estilo de los años 60 y asegurar una repatriación del capital sin obstáculos.
Asimismo, deberá permitir la libre contratación del personal cubano sin la intermediación de las empresas del Estado y asegurar que los trabajadores contratados puedan percibir un salario verdadero, con la libertad sufuciente para que los empleadores seleccionen al personal a su antojo.
Pero esencialmente debe introducir novedosas enmiendas para atraer capital de exiliados cubanos, permitiendo que puedan invertir sin trabas de ningún tipo. De Igual manera debe contemplar iguales oportunidades para los cubanos residentes en la isla, con la opción de que puedan tener sus propias empresas y tengan acceso al mundo exterior para buscar créditos en favor del desarrollo de sus propios negocios.
Un aspecto fundamental de la legislación debe contemplar la repatriación del capital sin impuestos hasta alcanzar el valor perdido, como compensación económica a todos aquellos exiliados interesados en invertir en el país y a quienes se les confiscaron sus propiedades en los primeros años de la revolución.
En el mundo moderno las inversiones las hacen las empresas, no los gobiernos. Cuba tiene una gran necesidad de inversión de capital en todas las ramas de su economía para poder sobrevivir como nación y acariciar una esperanza de desarrollo futuro. Seguir apostando a la ayuda de la moribunda economía venezolana es un camino errado como lo fue depender de la Unión Soviética en tiempos pasados. Convertir esas grandes necesidades de la economía cubana en atractivas y viables oportunidades para inversiones, dependerá en gran medida de la esperada Ley para la Inversión Extranjera del 2014.
No hay mucho tiempo para esperar y la oportunidad es única. Raúl Castro y sus acólitos lo saben.
*Economista cubano. Ex jefe de planeación estratégica de mercadotecnia en la corporación CIMEX y autor de los libros Cuba: ¿tránsito silencioso al capitalismo? y Marketing without Advertising, Brand Preference and Consumer Choice in Cuba. Es presidente de Havana Consulting Group, en Miami.
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| Raúl Castro y la presidenta brasileña Dilma Rousseff inauguran las obras del Puerto del Mariel, el pasado 27 de enero. |
El escenario actual se torna difícil para la economía cubana. Más allá del deseo de la cúpula gobernante de querer salir adelante en la transformación del modelo económico, la realidad muestra que el pensamiento estratégico y táctico de las reformas es tan arcaico y obsoleto como la estructura misma que hoy rige los destinos de la isla.
Existen dos poderosos factores que entorpecen las transformaciones: la falta de recursos financieros (capital) y las rígidas leyes que regulan la economía y lejos de atraer las inversiones, se comporta como una barrera al desarrollo y la apertura de mercados.
Es por ello que la convocatoria de la Asamblea Nacional del Poder Popular -aún no formalizada- para discutir la nueva Ley de Inversiones, a finales de marzo (¿o se pasará para abril?), parece ser la última carta del gobierno para intentar salir del inmovilismo económico y enrumbar las reformas por un camino esperanzador para el pueblo cubano.
Factores de impacto
Lo cierto es que las reformas de Raúl Castro no han logrado atraer el capital extranjero que se necesita.
Las expectativas apuntan a la década de los 90, cuando mayor fuerza tuvo el proceso inversionista extranjero en la isla. El auge de la actividad empresarial externa fue tan fuerte, que -junto a las empresas operadoras de las zonas francas y otros tipos de asociaciones- se consiguió acumular un capital comprometido para inversiones de unos $3,000 millones de dólares.
Sin embargo, a partir del 2002, comenzaron a declinar en cantidad y capital efectivo. En el 2004, el gobierno dio un giro de 180 grados y retomó las pautas de la economía centralizada, dando lugar a un rápido proceso de desaceleración de las inversiones que congeló paulatinamente el emergente proceso aperturista.
El retranque gubernamental desencadenó el cierre de alrededor de 200 empresas mixtas, lo que provocó un bajón en el monto total del capital comprometido para las inversiones privadas en el país. En cambio, se optó por dar mayor prioridad a las inversiones de socios gubernamentales como Venezuela, China y Brasil que a los inversores privados, relegados a un segundo plano mediante una acelerada disminución de sus contratos.
Con la llegada de Raúl Castro al poder se ejecutó una cruzada en la lucha contra la corrupción de los inversionistas extranjeros y empresarios cubanos representantes de empresas estatales. Como resultado de estas medidas, fueron detenidos varios empresarios extranjeros y cubanos de alto rango (incluidos un ministro, varios viceministros y directivos de empresas). Los arrestados, fueron llevados a juicio bajo cargos de corrupción, sobornos y otros delitos, y algunos recibieron sentencias de hasta 20 años de privación de libertad. Otros han salido después de permanecer más de un año en prisión en espera del juicio, como los empresarios británicos Amado Fakhle y Stephen Purvis, altos ejecutivos de la empresa Coral Capital Group Ltd.
Campos de golf en el limbo
La cruzada anticorrupción cubana trajo como consecuencia que la confianza de los inversionistas disminuyera considerablemente, generándose un ambiente poco atractivo para poner dinero en la isla. Esta atmósfera de incertidumbre e inseguridad ha servido para detener el flujo de capitales hacia el país.
A ese efecto adverso hay que sumarle que en los últimos cinco años, tres megaproyectos proyectos esperanzadores han resultado en fracaso a causa de la errónea estrategia del gobierno cubano.
El primer tropiezo fue con el archiconocido proyecto de los 16 campos de golf, que se vienen promoviendo hace más de nueve años y que aún no ha logrado ejecutarse ni el primero. Tales proyectos, con un potencial de inversiones de alrededor de $3,500 millones de dólares, están empantanados en un limbo que solo una nueva legislación renovadora, flexible, abierta y atractiva puede despertarlos del letargo en favor de los propósitos inversionista que reclama el sector turístico.
Para ello, la nueva ley tiene que resolver el crucial problema de la propiedad de superficie de los inmuebles que pretenden venderse y generar la confianza que los compradores necesitan. En otras palabras, significa que la oferta en juego tiene que ser tan atractiva que las opciones existentes en el Caribe y Estados Unidos, desde Bahamas, la Rivera Maya en México, República Dominicana, hasta Sarasota y los Cayos del Sur de la Florida.
Los sesudos del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera deben acabar de entender de una vez que no basta con tener paisajes encantadores y playas paradisíacas: las leyes también tienen que estar a la altura de la naturaleza o de lo contrario los sueños de desarrollo duran tanto como una pompa de jabón.
Petróleo hasta nuevo aviso
El segundo traspié para la economía cubana fue la búsqueda de petróleo en aguas territoriales cubanas. Más de 10 años de lobby utilizó el gobierno para lograr convencer a varias transnacionales de la industria petrolera a enrolarse en las perforaciones en aguas profundas del Golfo de México, al norte de la isla.
Sin embargo, el apoyo cubano a la nacionalización de YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los obstáculos geológicos para extraer el crudo, pusieron fin a un esfuerzo colosal, que incluyó hasta la construcción de una plataforma semisumergible capaz de explorar petróleo sin violar los impedimentos del embargo estadounidense. Tras el fiasco en tres pozos se esfumó la esperanza de que el país encontrara una nueva locomotora para su economía y todavía quedan en el aire las interrogantes: ¿Realmente cuál fue el fallo? ¿Había o no había petróleo?
Cuando empresas como Repsol y otras involucradas en la exploración petrolera al norte de Cuba deciden posicionarse para invertir, no lo hacen para abrir un pozo y retirarse después. La búsqueda lleva tiempo y probablemente sea necesaria la perforación de más de una veintena de pozos para dar caza al preciado yacimiento. Pero el fantasma de la nacionalización quebró la confianza de los postores y determinó la automática y temprana orden de retirada. El resultado: no habrá búsqueda de petróleo en aguas profundas hasta que las condiciones de confianza sean restablecidas.
Un comienzo difícil para el Mariel
El tercer escollo está en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM). El recién inaugurado y notoriamente publicitado puerto del Mariel, financiado a un costo de $900 millones de dólares con la ayuda del gobierno de Brasil, no ha despertado el hambre de inversiones para lo cual fue diseñado.
Las preocupaciones están a flor de piel, por mucho que el discurso oficial trata de enmascararlas. Hasta hoy no han aparecido las grandes inversiones proyectadas, aún cuando, en teoría, el proyecto del Mariel se sustenta en una estrategia de gran magnitud y a largo plazo.
El escenario actual presenta serias dificultades y retos, desde los absurdos y poco atractivos mecanismos para la contratación del personal hasta la fuerte competencia que deberá encarar con zonas similares existentes en Panamá, Jamaica y otros países del Caribe y Centroamérica. Todos con muchos años de experiencia, probada eficiencia operativa y precios competitivos, además de tener mejores condiciones para desarrollar el comercio con el principal mercado de la región: Estados Unidos.
El proyecto del Mariel nace limitado por las medidas que se derivan del embargo, como la prohibición de entrar a aguas territoriales Estados Unidos a buques que hayan atracado en Cuba en los últimos seis meses. A la vez, el desarrollo de la zona requiere de cuantiosos capitales para su desarrollo, lo que se traduce en una presencia de larga estancia en la isla por parte de los inversores, que quedarían también atados a las regulaciones del embargo. Los factores de riesgo no permiten mucho entusiasmo respecto a inversiones de largo alcance en la primera etapa el proyecto.
La cruzada antiembargo
Mientras tanto, la nueva ley de inversiones está precedida por un fuerte lobismo antiembargo, dentro y fuera de Cuba.
Desde hace meses, el gobierno cubano ha articulado varias acciones, con un menú diverso sobre la mesa. En esa lista de tentaciones para inversionistas indecisos se inscribe de intento de negociar con las Grandes Ligas la contratación de peloteros cubanos; el encuentro del jefe de la Sección de Intereses Cuba en Washington, José Ramón Cabañas, con empresarios en Tampa; y el reciclaje de las declaraciones del acaudalado empresario Alfonso Fanjul sobre sus deseos de invertir en la isla “cuando las leyes lo permitan”. El trabajo de la propaganda oficial se complementa con inducciones hacia la prensa estadounidense, y el complemento siempre diligente de ciertos sitios y espacios “alternativos” de Miami.
Por cierto, las polémicas declaraciones de Alfy Fanjul levantaron ronchas en el exilio más conservador, pero su efecto movilizador estaba puesto en otros blancos. No hay que olvidar la reacción de políticos como el ex gobernador de Florida, Charlie Crist, quien casi al unísono pidió públicamente el fin del embargo a la isla. Una posición en las antípodas a la manifestada durante su campaña al Senado federal, cuando apoyaba incondicionalmente el embargo. ¿Será que estas inesperadas posturas muestran la punta de un iceberg oculto? ¿O se trata de movidas circunstanciales que se repiten cada cierto tiempo en torno a la política estadounidense?
Obviamente salta a la vista que el gran dilema que tendrá que resolver la nueva ley de inversiones será el mismo de las legislaciones y normativas implementadas por Cuba desde 1995: la rigidez legal y el ambiente poco confiable para arriesgar el capital.
Una oportunidad única
La nueva legislación tiene que garantizar la propiedad de la tierra, dejar escrito que bajo ninguna circunstancia se van a aplicar medidas nacionalizadoras al estilo de los años 60 y asegurar una repatriación del capital sin obstáculos.
Asimismo, deberá permitir la libre contratación del personal cubano sin la intermediación de las empresas del Estado y asegurar que los trabajadores contratados puedan percibir un salario verdadero, con la libertad sufuciente para que los empleadores seleccionen al personal a su antojo.
Pero esencialmente debe introducir novedosas enmiendas para atraer capital de exiliados cubanos, permitiendo que puedan invertir sin trabas de ningún tipo. De Igual manera debe contemplar iguales oportunidades para los cubanos residentes en la isla, con la opción de que puedan tener sus propias empresas y tengan acceso al mundo exterior para buscar créditos en favor del desarrollo de sus propios negocios.
Un aspecto fundamental de la legislación debe contemplar la repatriación del capital sin impuestos hasta alcanzar el valor perdido, como compensación económica a todos aquellos exiliados interesados en invertir en el país y a quienes se les confiscaron sus propiedades en los primeros años de la revolución.
En el mundo moderno las inversiones las hacen las empresas, no los gobiernos. Cuba tiene una gran necesidad de inversión de capital en todas las ramas de su economía para poder sobrevivir como nación y acariciar una esperanza de desarrollo futuro. Seguir apostando a la ayuda de la moribunda economía venezolana es un camino errado como lo fue depender de la Unión Soviética en tiempos pasados. Convertir esas grandes necesidades de la economía cubana en atractivas y viables oportunidades para inversiones, dependerá en gran medida de la esperada Ley para la Inversión Extranjera del 2014.
No hay mucho tiempo para esperar y la oportunidad es única. Raúl Castro y sus acólitos lo saben.
*Economista cubano. Ex jefe de planeación estratégica de mercadotecnia en la corporación CIMEX y autor de los libros Cuba: ¿tránsito silencioso al capitalismo? y Marketing without Advertising, Brand Preference and Consumer Choice in Cuba. Es presidente de Havana Consulting Group, en Miami.
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